La crispación vecinal por viejos asuntos como los núcleos del litoral o la fábrica de Elnosa han marcado la semana. Los vecinos de Vilaboa afectados por la Ley de Costas han vuelto a mostrar su indignación por las nuevas multas urbanísticas que quiere imponerles la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU). Este conflicto ni parece tener fin ni arreglo, a pesar de las promesas de los políticos a lo largo de estos últimos años.
Los afectados siguen a la espera de la aprobación de un PXOM para poder legalizar sus casas y mientras esto no sucede el temor al derribo sigue patente cada día como una amenaza que tiene en vilo a centenares de vecinos de San Adrián, Santa Cristina, Paredes y Larache. Costas ha dado un veredicto negativo a la petición del Concello que pedía reconocer estos asentamientos reduciendo la línea de Protección de Costas a los 25 metros en vez de a los cien que es lo que exige el Estado.
Atrás quedan las promesas de conselleiros como Agustín Hernández que llegó a plantear la suspensión de todas las multas y la paralización de los expedientes de derribo en tanto se agilizaba el PXOM de Vilaboa. En esta "tortura" a la que se somete a los vecinos que defienden su hogar desde hace décadas, los afectados ya no saben a quién recurrir. La ley está para cumplirla que dirían los juristas, pero la ley, que desgraciadamente en su día fue permisiva, ahora es estricta. Lo malo es que son muchos los ciudadanos que piensan que en un gran número de casos esta ley de Costas no mide a todos por el mismo rasero, y ejemplos en esta comarca de las Rías Baixas tenemos unos cuantos.
Y otro momento de conflicto surgió en el pleno de Poio y tuvo como protagonistas a los trabajadores de Elnosa que llegaron a increpar y amenazar al gobierno local con su alcalde Luciano Sobral a la cabeza. El nerviosismo de la plantilla es palpable ante el temor a un cierre y a la pérdida de los puestos de trabajo. Se puede entender este nivel de tensión, pero no es justificable su conducta durante la sesión plenaria. La imagen que transmitieron no es la mejor ni para ellos ni para la empresa. Cada cual es muy libre de tener su posición sobre el complejo industrial de Lourizán, y lo cierto es que ha habido tiempo suficiente para debatir sobre su futuro y un posible traslado tanto de Ence como de Elnosa. A estas alturas todo debería estar ya decidido, y de ahí la estrés de los trabajadores, pero no es precisamente ante un líder del BNG como es Sobral ante quienes tienen que ir a dar esta guerra, porque si alguien ha tenido claro su posicionamiento sobre las fábrica en Lourizán han sido precisamente los nacionalistas.
Estas batallas deben ganarlas los trabajadores con argumentos, no con insultos y amenazas.
Y hablando de este complejo industrial, los anti-Ence, tras la reunión del viernes en el Concello capitalino, anuncian una campaña contra la empresa basada en mesas de debate y medidas de sensibilización, pero nada se dijo de aquella "gran movilización" que anunciaron en su día a bombo y platillo. Quizá les pesa el recuerdo de las convocatorias de la Asociación pola Defensa da Ría, que apenas cuentan en estos últimos años con un millar de participantes. El gobierno de Lores ya rechazó hace unos meses un referéndum, planteado el PSOE, para conocer la opinión ciudadana sobre el futuro de la pastera. Se antoja que aquí hay mucho ruido y pocas nueces.
Y la última de nuestros políticos es surrealista. Ante los años de protestas que llevan los vecinos contra la instalación de un crematorio en San Mauro, han tenido que ser los grupos de la oposición quienes han convocado a la empresa Funespaña para tratar de buscar una alternativa que satisfaga a todas las partes. La oposición ha tenido la delicadeza de invitar al gobierno local, que sigue a lo suyo, sin enterarse de los problemas vecinales y con los lombos a vueltas como única prioridad.
