"Os veciños non queremos que o noso alcalde se limite a dicir que a eles non lles gusta ter que cumprir a sentenza e que están sendo obrigados. Esperamos do Concello que estea á altura das circunstancias e cumpra coa xustiza e cos veciños". Éste es el sentir de los vecinos del edificio Pintos. Somos conscientes de que el TSXG está obligando al ayuntamiento a ejecutar la sentencia, y no pretendemos que el alcalde no cumpla, como él dice, con la ley. Pero lo que si esperamos de una alcaldía que en el pleno municipal del 3 de marzo del 2014, acordó "condenar públicamente a represión que están a sufrir as persoas afectadas polas participacións preferentes e subordinadas?" y que puso una pancarta en el balcón del consistorio municipal a favor de las personas engañadas por las preferentes, ahora esté a la altura de las circunstancias. En primer lugar asuma la culpa del ayuntamiento, al que en estos momentos representa: que el Concello pida "perdón" a los vecinos del Edificio Pintos por conceder en el año 1986 una licencia urbanística mal concedida y porque después, cuando la Comisión Provincial de Urbanismo anuló la licencia, no cumplió con su deber de evitar que la obra continuase, obligación que le imponía la normativa urbanística vigente en aquel momento.

El ayuntamiento es el único condenado en la sentencia, y esto seguramente sea así, porque el constructor se limitó a ejecutar los planos para los que había pedido licencia. No es que el constructor se excediera en 90 cm lo que había solicitado en la licencia, sino que el constructor construyó esos 90 cm de más, porque la licencia que le había dado el ayuntamiento así lo permitía. Tan es así, que los vecinos no encontramos otra explicación para que los planos que figuran en el proyecto de demolición de la página web del Concello, coincidan exactamente con nuestras viviendas. Y ello sin que ningún arquitecto haya entrado en nuestras viviendas a medir y a ver la distribución interior de las mismas. Lo construido era lo que estaba en la licencia que el ayuntamiento otorgó.

En segundo lugar, lo que esperamos por parte de esta alcaldía es que asuma su condena e indemnice a los vecinos por la pérdida de sus viviendas: "Non se pode dicir que son procedementos administrativos distintos e teñen que ser incoados aparte". Para indemnizar a los vecinos no es necesario que se inicie un procedimiento administrativo distinto. El ayuntamiento debería haber tomado la iniciativa, haber lanzado ese procedimiento de oficio y tener preparadas encima de la mesa las indemnizaciones que pagaría a sus vecinos caso de llegarse a una situación como en la que nos encontramos. "Non somos veciños anónimos, coñécenos e ponnos caras a todos". El Concello tenía que haber estado a la altura de las circunstancias y haber previsto esto. No queremos que esta alcaldía diga que no puede hacer más. Eso hubiera hecho que si gobiernos locales como el de Bueu no se hubieran resignado y hubieran estado a la altura de las circunstancias, hoy los preferentistas estarían igual. Sí se puede cumplir los mandatos judiciales y responsabilizarse con los vecinos. No se puede desalojar a unos vecinos colocando sus enseres en la ya conocida por todo el Morrazo, Galicia, Cantabria y Madrid, como "la lona de la vergüenza de Bueu". Sí, la notificación así lo dice, que nos pondrán las cosas en una lona a pie de obra, y que nos repercutirá, incluso "pola vía do contrinximento" el coste de ese desalojo. Así, cualquiera es condenado: uno es el condenado y los otros los que pagan. De esa forma, los ayuntamientos de toda España seguirían cometiendo las malas praxis como la que hace 29 años un alcalde del ayuntamiento de Bueu cometió. Queremos una alcaldía que esté con los vecinos, que cumpla las sentencias judiciales y que cumpla con la ley vigente en cada momento.

*En representación de la comunidad de propietarios del edificio Pintos