El 20 de septiembre de 2012 teníamos la Junta de Gobierno de cada jueves a las 8.30 de la mañana; a las 9 me llamaron por teléfono, el alcalde acababa de ser detenido y se lo habían llevado a Pontevedra. No dije nada, celebramos la reunión con normalidad y al terminar les pedí a mis compañeros que se quedaran, y se lo comuniqué.

Desde el 2007 gobernábamos la ciudad el PSOE y el BNG. Había pasado solo un año -mayo de 2011- de la victoria electoral, con el mejor resultado de las capitales del Estado.

Cuatro días antes de la detención, el lunes, le presenté al Alcalde los documentos que en 15 días aprobaríamos para recuperar las Burgas, desactivar su recalificación; bromeamos con lo que nos iban a hacer. Era un trabajo de años.

Ese verano por primera vez en cinco años me había sentido tranquila. Por primera vez en Ourense había un proyecto de ciudad, hacia donde ir. El nuevo plan general estaba preparado aunque iba a ser complicado porque bajaba considerablemente las recalificaciones del PXOM anulado. El Consello de la Xunta había aprobado una ordenación provisional que permitía seguir ejecutando los equipamientos que habíamos puesto en marcha, aunque de paso había incluido quince suelos privados. Era posible hacerlo y que no nos hicieran pagar por ello. No fue así.

El 20 de septiembre de 2015, tres años después, la gente de lo común sabemos que cualquier juez de instrucción en el Estado puede investigar todo lo que considere y durante todo el tiempo que considere. Y durante todo ese tiempo, cualquiera puede aventurar sobre el investigado lo que le apetezca y escribirlo. También sabemos que dentro de ese poder casi infinito no está la detención de aquel día. Estamos esperando que el juzgado de instrucción de Lugo cierre la instrucción.

(*)Concejala de Urbanismo de Ourense 2007-2015