De modo que, a la vista de lo que hay, es lógico afirmar como hace una parte de las organizaciones agrarias, que la otra parte, a la vez que sirve -según dice- los intereses del colectivo lácteo, traten de pescar votos en las aguas revueltas del conflicto. Que agitan, por cierto, algunos especialistas en la tarea, veteranos de anteriores batallas y decididos a que sus afines ideológicos obtengan en su momento el mayor fruto electoral que les sea posible.
Conste que esto que se deja dicho, y que seguramente molestará a los protagonistas del jaleo -unos cuantos, como es habitual, lo atribuirán a intrigas de varios tipos- no es tanto una opinión, que también, cuanto una descripción, resultante de la intención inicial de sus inductores, que además de lograr un éxito con la obtención de precios primero fijos y luego sostenibles, querían un bonus político, y están dispuestos a conseguirlo como sea.
(Hay aún otro objetivo complementario. Conscientes quienes dirigen el cotarro de que será muy difícil completar la jugada, buscarán radicalizarla lo más posible. Y lo harán mediante el cerco anunciado a las industrias y a la distribución y, además, prolongando la tensión, si pueden, hasta las vísperas mismas de las elecciones para así desgastar más todavía a los adversarios públicos de sus afines, descritos -con poca razón- como "malos".
Es evidente para cualquiera que se pare a pensarlo, que esos malvados son el gobierno central y la Xunta, ambos del PP. Y de paso también todos aquellos que se niegan a secundar -o critican- unas acciones que, como las convocadas, tienen ya poco que ver con las demandas iniciales por mucho que esas organizaciones se empeñen en negarlo y afirmar su "absoluta legitimidad".)
Con las cosas como están ahora mismo, resulta obvio que quienes cercan las industrias y amenazan el reparto del producto están vulnerando derechos tan legítimos como puedan ser los que proclaman. Y con unos daños colaterales que además no es la primera vez que provocan: la destrucción de decenas de miles de litros de leche, por ejemplo, que en todo caso podrían destinarse a un fin más noble.
A partir de aquí sería necesaria una autocrítica del sector para, a la luz de lo que la norma hace posible, marcar pautas y establecer límites. Porque estar en la UE y verse obligados a aceptar una PAC tiene inconvenientes, como ventajas ha supuesto durante años. Un hecho este que no significa aceptar sin más que se renuncie a lo que a otros se otorga ni deslegitima la búsqueda de soluciones y remedios, pero que implica un marco de actuación que ha de respetarse. Es de Ley.
¿O no...?
