El Parlamento gallego, en su sesión del 11 de julio de 1989, aprobaba el texto definitivo de la Ley remitida por el Consello de la Xunta sobre el sistema universitario de Galicia. Esta Ley, que entraría en vigor una vez publicado el Decreto de segregación, fue aprobada, exenta de debate, por unanimidad de los 61 diputados presentes de los 71 que entonces componían la Cámara autonómica.
La Ley fijaba fechas para su ejecución: tres meses para designar Rectores y miembros de la Comisión de Gobierno, otros tres meses más para que esta comisión elaborase sus reglamentos internos y las Normas Estatutarias Provisionales y constitución del Claustro antes de dos años. El texto ampliaba las funciones del Consello Universitario como órgano de asesoramiento y consulta. Por otra parte, el plan de financiación cuyos criterios determinaba la Ley, debería ser aprobado por el Parlamento veinte días después de la publicación, lo cual se llevó a cabo en el DOG del 16 de agosto.
Siguiendo las directrices que se indicaban en la Ley, el nombramiento de los nuevos Rectores por el Consello de la Xunta tuvo lugar el 14 de septiembre de 1989 (Decreto 176/1989) y su toma de posesión cinco días después, en una ceremonia celebrada en el salón de actos del edificio administrativo de San Caetano de la Xunta de Galicia. Igualmente, los equipos rectorales fueron nombrados por el Conselleiro de Educación por Orden del 28 de septiembre de 1989 (DOG del 2 de octubre de 1989), quedando constituido el de la Universidade de Vigo el 6 de octubre, después de que sus integrantes procediesen a diseñar los principios de actuación más inmediatos de cara a la segregación y a la elaboración de los Estatutos de funcionamiento universitario. Ese primer equipo rectoral de Vigo estaba formado por D. Jesús de Juana López, D. Xoán Leiceaga Baltar, D. Federico Vilas Martín y D. Jorge González Gurriarán.
Después de casi 500 años se realizaba por primera vez, en el Paraninfo de la Universidade de Santiago de Compostela, la ceremonia de inauguración del curso académico 1989-1990 con la presencia de los nuevos Rectores de las universidades gallegas (L. Espada Recarey y J.A. Portero Molina) junto con el de la Universidade de Santiago de Compostela, C. Pajares Vales. Se culminaba así un proceso que diversos colectivos sociales de la ciudadanía de Vigo venían reivindicando constantemente desde años antes. Su ejemplo y empeño en esta tarea fue encomiable.
El Rectorado vigués se instalaba en el Apartamento 507 del Edificio Moderno (Policarpo Sanz, 1) a modo provisional, planteando varios objetivos relacionados con la consecución de locales y de sus necesidades hasta finales de 1989, ya que se carecía de presupuesto propio, y de la programación presupuestaria a partir de 1990, después de la presumible entrada en vigor del Decreto de segregación.
Ante la opinión pública se abrían unas expectativas seguramente idealizadas en demasía. Parecía, "a priori", que se disponía ya de una verdadera y completa universidad. Estas naturales exigencias condicionaron la inmediata aparición de diversas reivindicaciones académicas, provocando, en los primeros meses de esta universidad, momentos de desconcierto y tensiones surgidas como consecuencia natural, ante la necesidad de asumir una realidad: "apagar un motor y encender el nuevo sin que deje de trabajar la maquinaria universitaria".
En el curso académico cuando se llevó a cabo la segregación de la Universidade de Santiago, el alumnado de la recién creada Universidade de Vigo, abarcando los campus de Ourense, Pontevedra y Vigo, ascendía a 11.524 (21,6% del total de los matriculados en Galicia). De ellos, el 76,1% recibía docencia en el Campus de Vigo, el 15,9% en el de Ourense y el 8,0% en Pontevedra. Este alumnado se duplicó al cabo de cuatro años.
Los principales objetivos de esta nueva institución universitaria se centraron en poner en marcha las nuevas titulaciones, diseñando y aprobando sus correspondientes planes de estudios (Bellas Artes, Ciencia y Tecnología de los alimentos, Ciencias del Mar, Derecho, Derecho Económico, Enfermería del Meixoeiro, Ourense y Povisa, Ingeniería de Minas, Informática de Gestión, Industrias Forestales, Fisioterapia, Geografía e Historia, Psicopedagogía, Publicidad y Relaciones Públicas y Traducción e Interpretación), creando servicios administrativos, redactando las Normas Estatutarias Provisionales y Estatutos, buscando un edificio del Rectorado y constituyendo el primer Claustro.
En su fase inicial, la Universidade de Vigo se ha gestionado con criterios empresariales, pero no como una empresa, pues la institución universitaria es un servicio público que no busca el lucro económico, sino un beneficio social a través de la transmisión y el descubrimiento de conocimientos mediante la docencia y la investigación.
Su profesorado y alumnado superó cifras que la convirtieron en una institución no elitista y su actividad investigadora se expansionó en calidad y cantidad. Sus sucesivos Rectores la dirigieron con criterios académicos bajo el principio de autonomía universitaria; esto es, una institución autónoma que, de modo crítico, produce y transmite la cultura por medio de la investigación y la enseñanza, adoptando independencia moral y científica frente a cualquier poder público.
Nadie duda, por tanto, que es una institución al servicio público, además de ser también un factor de transformación y progreso social, que debe adaptarse a las necesidades de una sociedad, la cual está en continuo cambio y a la que debe rendir cuentas, pues ésta tiene derecho a exigirle una buena docencia e investigación, así como la utilización eficaz de los recursos públicos puestos a su disposición.
La Universidade de Vigo es un ejemplo de constancia, dedicación y buen hacer desde su fundación. Por ello, se encuentra, a pesar de su juventud, en lugares destacados en los diferentes rankings que evalúan la calidad de la enseñanza superior.
* Exrector de la Universidad de Vigo
