A la ilegalidad anticonstitucional, ni agua

29.06.2014 | 10:42

Tanto la Primera como la Segunda Republica Española terminaron como empezaron: en la ilegalidad pretextando legitimidad. Para la instauración de la primera ningún republicano solicitó un referendo ni elecciones constituyentes. Al abdicar Amadeo I de Saboya los jefes de distrito republicanos de Madrid amenazaron al Congreso con que si no proclamaban la república al día siguiente iniciarían la insurrección. Y punto. La Segunda Republica Española fue asimismo proclamada ilegalmente tras las elecciones municipales del 12 de abril de 1931. Empero, durante el bienio 1933-1935, la CEDA apoyó en Las Cortes al Partido Republicano Radical sin lograr evitar la Revolución de octubre de 1934 en Asturias ni el fracasado golpe de Estado independentista de Companys.

Se ha dicho que la Segunda República fue la expresión política de la intelectualidad. En diciembre de 1931, las dos mejores mentes españolas de la primera mitad del siglo XX, Ortega y Unamuno, habían renegado del entusiasmo inicial. Lo que vino después no arregló las cosas. En Madrid, durante la Guerra Civil, los republicanos rebautizaron Calle Mateo Morral la muy tradicional Calle Mayor ¿Qué hecho extraordinario había realizado el republicano Mateo Morral para ser merecedor de darle su nombre a la más populosa arteria urbana española? Haber asesinado 24 personas en esa calle con una bomba dirigida a Alfonso XIII el día de su boda, el 31 de mayo de 1906. El rey salió ileso. Según Pio Baroja la bomba se la pasó Nicolás Estévanez, referente político de Morral, ministro del gobierno bajo Pi i Margall, en la Primera República.

Si bien es cierto que hoy día con una república en España difícilmente se producirían sucesos tan cruentos, sufriríamos, paradójicamente, efectos políticos más extremosos que en aquella época con asegurado despedazamiento territorial de España cual vaca sacrificada en el altar del derecho a decidir. En 1931 era muy difícil encontrar republicanos, fuera de la periferia, que permitiesen el desmembramiento del Estado. No es el caso actualmente. No hay prácticamente republicano militante, con o sin representatividad política, en Madrid, Cuenca o Barcelona, que se oponga. Asunto de extrema gravedad, sin duda, toda vez que los problemas económico-sociales tienen solución, antes o después, no así la fragmentación del Estado, por irreversible, con las devastadoras consecuencias de todo tipo que vendrían. O sea, los experimentos (republicanos) con gaseosa.

Las maquinarias económica y judicial en España son muy potentes, arrolladoras. Cuando se ponen en movimiento -reestructuradas, saneadas e impulsadas por el cuerpo social- no hay quien las frene. Esto es, desde el paro a la corrupción estamos en vías de deslastrarnos de las disfuncionalidades más lamentables de nuestro sistema político-económico. Recuérdese que hace años tuvimos un gravísimo problema con el aceite de colza adulterado por empresas catalanas y vascas. No obstante, nos enmendamos y ya somos uno de los países más solventes del mundo en control alimentario. Y es que si los españoles queremos hacer las cosas bien, la Historia lo prueba, somos los mejores. El gran problema, el irreparable desastre sería la continuación del declive demográfico en el largo plazo pero en el corto-medio plazo, España, con estabilidad política, volverá a ser la envidia de Europa: uno de los países económicamente más dinámicos y con mejor calidad de vida. En consecuencia, pongan como se pongan los escandalizados profesionales, amargados congénitos, genios malogrados y protestatarios vocacionales, no se puede permitir que, por cauces que no tienen curso en ninguna nación de nuestro entorno, monten por las bravas un juicio sumarísimo contra una Constitución que no les satisface.

No me siento afectiva ni intelectualmente ligado a la monarquía pero conozco suficientemente bien el percal como para tener la convicción y casi absoluta certeza que ahora -antes de haber solucionado problemas más urgentes- una republica sería un compendio de maximalismos que conducirían al atrincheramiento ideológico de los españoles en bandos irreconciliables. Desde luego, a serenar el ambiente no contribuyen las poses de columnistas que en lugar de pedir reflexión y calma urgen al cambio, referendo mediante.

Un periódico de difusión regional o provincial no puede tener línea política, sería su muerte empresarial. De ahí que las páginas de Opinión de este tipo de publicaciones exhiban un arcoíris de pareceres muy variados, lo cual no suele ser el caso de las cabeceras estatales que, escoradas políticamente, no dan cabida a tanta diversidad de enfoques. Pero sin tener línea política los diarios regionales/provinciales tienen línea editorial que es casi siempre la defensa de los intereses de su ámbito geográfico de difusión, con una sola restricción: respeto al marco institucional común a los españoles. Esa línea se expresa en editoriales si la cabecera cuenta con capital humano suficientemente preparado para artillarlos semana tras semana. Asunto técnicamente difícil, por cierto.

Entiendo que la línea sustentada por Faro de Vigo, aun dando cabida a las opiniones más diversas, es muy clara. Puede leerse en el Editorial del domingo 22 del corriente mes: "La sociedad (española) inventó, y refrendó en las urnas, una monarquía parlamentaria como instrumento para acercar posturas (.) En buena medida en eso consistió el pacto utilitarista: en garantizar un modelo neutral, apartidista y equidistante que simbolizara los puntos de encuentro, no las discrepancias. Lo demás son monsergas demagógicas e interesadas, porque la democracia española no es peor ni de tercera."

Algunos serían felices escribiendo en Gara o El Punt, publicaciones en las que no encontrarían réplicas a sus soflamas. Otros preferimos escribir donde pueden cuestionarnos, directamente o por alusiones, esperando que asimismo se atengan deportiva y cívicamente a nuestras réplicas.

*Economista y matemático

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