Es verdad que en España, la propiedad inmobiliaria no paga demasiado en perspectiva internacional. Pero la forma de solventar esa diferencia es utilizar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), no las imputaciones ficticias de renta en el IRPF. Porque genera menos problemas de trato desigual derivados por el fraude y elusión fiscal que existe en el IRPF y porque potenciaríamos la capacidad fiscal de los municipios.

Aceptado lo anterior, la solución no puede ser, sin más, una subida sustancial y generalizada de los tipos del IBI. En un reciente trabajo publicado junto a Jorge Martínez-Vázquez (Georgia State University y GEN) en el número 139 de la revista Papeles de Economía Española, existe un problema serio con el cómputo de la base imponible del IBI. Si mantenemos el valor catastral como elemento de referencia, es perentorio mejorar su gestión con el objetivo fundamental de aproximar el valor catastral a los precios de mercado, usando por ejemplo técnicas de evaluación computarizada en masa. Para garantizar la equidad vertical y horizontal y facilitar la comparación intermunicipal (relevante para los ciudadanos que evalúan a los gobiernos locales, o los gobiernos de otro nivel que quieren conocer el esfuerzo fiscal a la hora de distribuir recursos adicionales) necesitamos revisiones más frecuentes, actualizaciones del catastro más ágiles para incorporar las nuevas propiedades, y una participación más activa de los municipios en la actualización de las bases de datos para el proceso de valoración catastral. La realidad hoy es que existen numerosos casos de municipios para los que se incumple la revisión decenal obligatoria y que existen lagunas que benefician arbitrariamente a algunos contribuyentes. Si queremos incrementar el potencial recaudatorio y la autonomía en esta figura, éste es el primer paso a dar. Pero no el único.

En segundo lugar, existe un exceso de proliferación de beneficios fiscales y discriminaciones sobre una figura que, por su carácter real y no personal, no debería ser un instrumento para hacer políticas redistributivas o discriminantes, con la única excepción quizás de una capacidad de ingresos mínima. Una limpieza de estas bonificaciones, que en algunos casos podrían trasladarse a otras figuras y programas de gasto, simplificaría la gestión, incrementaría la recaudación del IBI y harían mucho más transparentes la naturaleza y destinatarios de las bonificaciones.

El futuro de un sistema municipal más robusto necesariamente tiene que pasar por un aumento significativo de la importancia recaudatoria del IBI. Por varios motivos: las grandes ventajas que ofrece este impuesto, que incluyen la correspondencia de los servicios con el pago de acuerdo al principio del beneficio, la estabilidad y potencial de los ingresos; la dificultad de que el gobierno central ceda tan voluntariosamente otra base impositiva con igual potencial recaudatorio; la posibilidad de introducir características para inducir más equidad vertical; y los bajos costes relativos de cumplimiento fiscal.

*Director de GEN (Universidade de Vigo)

@SantiagoLagoP