La reforma fiscal en ciernes

21.06.2014 | 10:23

En el pasado Forum de los Economistas, celebrado en Madrid el 29 y 30 de mayo pasado, Montoro avanzaba las directrices de la Reforma Fiscal que hoy es objeto del Consejo de Ministros. En general, los medios de comunicación recogen bien las luces que al Gobierno de España le interesa resaltar; pero, tal vez, no tanto las sombras que interesa no levantar en el horizonte de las próximas elecciones municipales, algunas autonómicas y las generales.

Existe un consenso general según el cual la recesión toca a su fin; pero no tanto sobre la recuperación de la actividad económica, que, en general, se prevé lenta. Las elevadas tasas de paro, que todavía lastran la recuperación económica, y el incremento de la deuda pública propiciada por la política seguida de austeridad, que se sitúa en un 95 del Producto Interior Bruto, todavía no nos permiten ser muy optimistas o, al menos, serlo tanto como parece indicar el Gobierno. La coyuntura internacional, expansiva en el caso de los Estados Unidos, que sigue el modelo contrario al de la austeridad europea, y, sobre todo, la expansión monetaria que ahora empieza a adoptar el Banco Central de la Unión Europea, están reduciendo la prima de riego que, en febrero de 2013, alcanzaba el punto más álgido de 391 por 100, a poco menos del 140 en estos últimos días. Todo ello reduce el gasto de intereses a pagar por la deuda pública y le está permitiendo al Gobierno una cierta holgura en las políticas todavía persistentes de ajustes del déficit público.

En general, la política de reducir impuestos contribuye al crecimiento en las épocas de bonanza económica, por cuanto favorece el consumo y el ahorro la inversión. Las bases de recaudación aumentan más de lo que se reducen los tipos impositivos. En recesión, ocurre más bien lo contrario, el aumento de impuestos y la reducción de la inversión y gasto público tiene un efecto multiplicador en la depresión del ciclo en fase recesiva. Dicho de otra manera, a mayores ajustes en el déficit público menor crecimiento económico en el ejercicio siguiente. Ahora parece que se quiere cambiar, en alguna medida, el signo de la política económica, de recesiva a expansiva, porque, en efecto, se cree en la recuperación que supuestamente se avecina, casi a la misma velocidad que se aproximan las confrontaciones electorales venideras.

En palabras del propio ministro de Hacienda, las previsiones apuntan a que en 2015, 2016 y siguientes el crecimiento va a ampliar las bases impositivas lo suficiente como para que, a menores tipos impositivos y con incluso mayores ayudas a la familia y algunas reducciones en las restas del trabajo, se recupere la recaudación. En este escenario, las rebajas generalizadas a todos los tramos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) van a favorecer el consumo interno y, por resta vía, la recuperación económica. Tal situación, aunque no se diga, va a propiciar ciertos reajustes al alza en el IVA, por la propia presión de la Unión Europea (UE), pues el IVA es un impuesto armonizado y con parte de su recaudación se financia la UE. En el Impuesto de Sociedades se podrá pasar del tipo del 30 al 28, en 2015, y al 25, en 2016 con aumento de recaudación, en la medida que se incremente el tipo efectivo por la supresión de deducciones y bonificaciones preexistentes. Se va a reducir la tributación del ahorro; esto es: de las rentas de capital, se mantienen las cotizaciones sociales y el resto de tributación al consumo y no aparecen medidas efectivas de lucha contra el fraude que sean compatibles con los derechos de los contribuyentes, últimamente menos respetados que en otros tiempos por interpretaciones más restrictivas de la normativa tributaria. La fiscalidad patrimonial va a experimentar mínimos cambios y no existen signos de que se armonice en alguna medida la fiscalidad autonómica en trasmisiones, sucesiones y donaciones, cada vez más diversa si pasamos de unas Comunidades Autónomas a otras De todos modos, la reforma es global: afecta a todos los impuestos y no sólo a la normativa de cada tributo, sino también a la propia Ley General Tributaria que viene de 2003.

La impresión general es que se va a favorecer a los contribuyentes en algunos impuestos, pero no en otros; pues la idea es de que la recaudación total aumente. Tampoco presenta signos de progresividad entre los contribuyentes personas físicas ni en las rentas de sociedades, de otras entidades, de profesionales y de empresarios individuales. En principio, salvo que se aclare algo más en la fase de consulta, el tipo en el Impuestos de Sociedades para cooperativas, o para entidades sin fines lucrativos, no se modifica a la baja como ocurre con la generalidad de las sociedades de capital. Las pequeñas y las microempresas, societarias o individuales, no tienen asegurada el mantenimiento de las deducciones fiscales actuales que favorecen el emprendimiento. El beneficio fiscal de la deducibilidad del Fondo de Comercio, que es muy incentivadora para todo tipo de pequeños emprendedores, corre peligro para empresas de reciente constitución cuando los costes de adquisición eran más elevados que los hoy. Igualmente nada sabemos respecto de la equidad en la tributación autonómica en la cual se han ido acrecentando las disparidades en impuestos como los de trasmisiones, sucesiones y donaciones, que están poniendo en cuestión el principio de igualdad de todos los españoles en la tributación como en el acceso a los servicios bienes públicos.

Resumiendo, la reforma fiscal presenta luces, pero también sombras que se irán elucidando a partir del período de consulta y en el debate parlamentario que el Gobierno calcula tener terminado para noviembre y, así, en el mes de diciembre podrá ser reformada la práctica totalidad del sistema tributario español. La falta de progresividad en la tributación personal, y de armonización en lo territorial, son dos carencias de esta reforma que, sin duda, habrán de levantarse en el debate que se avecina.

*Decano del Colegio de Economistas de Pontevedra

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