El cambio en la Jefatura del Estado siempre es constitucionalmente importante, ya se trate de una república o de una monarquía, porque ante todo es un relevo en el órgano que representa la unidad del Estado. Es lamentable que en un acto constitucional de tanta importancia haya partidos y diputados que le den la espalda, con la excusa de sus preferencias republicanas. Parodiando a Clinton habría que decir ¡No es la monarquía, estúpido, es la Constitución!. Bien lo saben los presidentes de Cataluña y el País Vasco, que asistieron al acto con calculado desinterés, para hacer visible precisamente su desafecto a la Constitución, no al nuevo Rey.
De un tiempo a esta parte estamos perdiendo el norte y muestra de esa desorientación es que ya no miramos a la estrella polar que debe guiar nuestro comportamiento político, la Constitución. La crisis económica ha removido la ciénaga de la política y la corrupción e impunidad han provocado el desapego de muchos ciudadanos no sólo hacia los políticos, sino también la propia Constitución y al Estado de Derecho que establece. En ese barrizal hay políticos y partidos que para congraciarse con tantos indignados desprecian la Constitución con la misma intensidad que los que, diciendo defenderla, la toman a beneficio de inventario o la cambian con nocturnidad y alevosía, sin consultar a la ciudadanía.
El debate entre monarquía y república es necesario en una sociedad democrática y, desde luego, será imprescindible en una futura reforma constitucional para legitimar la forma política del Estado, cualquiera que sea. Pero no se puede desconocer hoy en día que el contenido esencial de la república no radica en el modo de designación de su presidente, sino en el reconocimiento y eficacia de los derechos fundamentales, en la materialización de un Estado social y democrático de Derecho, en la existencia de cauces de participación en la vida política, en la laicidad del Estado, en un sistema educativo y sanitario universal, entre otros elementos claves. Cuando las constituciones francesa e italiana establecen que no puede reformarse la Constitución para cambiar la forma republicana del Estado no se refieren solo a la imposibilidad de instaurar la monarquía, sino, sobre todo, a que no pueden suprimirse, ni siquiera mediante reforma constitucional, esos elementos que forman la clave de bóveda de la república.
La Constitución de 1978 es esencialmente republicana y equiparable en lo fundamental a cualquier constitución republicana de corte democrático. La monarquía parlamentaria le pone corona a la república, lo cual no deja de ser en teoría un contrasentido con el principio republicano, pero compatible en la práctica, en la medida en que el Rey ejerza con eficacia y ejemplaridad las funciones que la Constitución le encomienda a la Corona. Y el pasado jueves, con la proclamación del Rey Felipe VI, era el día de la Constitución.
Ante la crisis económica y política que vivimos un partido de izquierdas serio no debe centrar la regeneración en el debate sobre quien ocupa la Jefatura del Estado, sino en defender ante todo y ante todos los elementos republicanos que establece nuestra Constitución, conseguir que se cumplan y ampliar su contenido. Por supuesto, también en reivindicar una Jefatura del Estado republicana. Pero cuando los poderes económico y político, representados por la banca, por la patronal y por el Partido popular, el PNV y CiU, van cobrándose piezas importantes del Estado social y democrático de Derecho, no se puede estar ingenuamente dando jaque al Rey. De eso ya se encarga el Gobierno con sus torpes movimientos, enrocando al Rey claudicante tras los peones del Tribunal Supremo.
* Catedrático de Derecho constitucional
