EDITORIAL

El inaceptable parón del Puerto Seco de Salvaterra

15.06.2014 | 13:14

El mismo nombre del Puerto Seco de Salvaterra ilustra su estado actual: un desierto, un horizonte lunar, un paisaje de catástrofe nuclear. Tal es el paupérrimo balance cosechado por un proyecto alumbrado hace ya más de una década por la alianza de tres administraciones, Xunta, Autoridad Portuaria de Vigo y Zona Franca. Arrancó con Fraga al frente del gobierno gallego, y desde 2001, ninguno de sus sucesores, ni antes Touriño ni ahora Feijóo, ni siquiera con el mismo partido gobernando en la capital de España, fueron capaces de hacer realidad las grandiosas expectativas generadas en torno a este macropolígono industrial de cuatro millones de metros cuadrados. Un rápido repaso a algunas de ellas provocan bochorno ciudadano aunque sus promotores ni siquiera se sonrojen lo más mínimo por ello.

La hemeroteca desnuda vergüenzas, torpezas e incumplimientos. Se vendió a los cuatro vientos que la Plataforma Logística e Industrial de Salvaterra-As Neves (Plisan) se convertiría en el mayor polígono industrial de Galicia y de la Eurorregión; que allí se asentarían 400 empresas con 10.000 puestos de trabajo; que la inversión pública superaría los 200 millones y otros 500 los aportaría la iniciativa privada; que quedaría conectado con la red ferroviaria y con las principales arterias de comunicación con la Meseta; y que por su ubicación estratégica, junto a las vías del tren y bordeando el río Miño, a un paso de Portugal, funcionaría como un referente europeo en logística e intermodalidad, atractivo para el potente entramado industrial del área viguesa, con las dos patas del puerto y del aeropuerto. Pasados trece años de tanta palabrería de argumentario, todavía hoy ninguna de las tres instituciones se atreve a aventurar fechas ni proyectos concretos para su puesta en marcha, lo que da una idea de los muchos escollos que quedan aún por resolver cuando no de la poca voluntad para sacarlos adelante.

Lejos de impulsar el polígono, el transcurso de los años ha acabado por enquistarlo. El complejo proceso expropiatorio necesario para reunir esa inmensa extensión de terreno -en torno a 5.800 parcelas- fue recurrido en los tribunales por cientos de propietarios de Salvaterra y As Neves. Y aún hoy no ha concluido. Según datos del Consorcio de Zona Franca, el Puerto Seco acumula cerca de 6.000 contenciosos. En todo este tiempo, más allá del movimiento de tierra, en la Plisan no se ha hecho nada más, pero las administraciones han desembolsado cuantiosas cantidades de dinero, como los 42 millones de euros por hacerse con la propiedad de esas fincas. Aún quedan pendiente de pagar los derechos mineros reconocidos por el TSXG -valorados en más de siete millones de euros- y la indemnización por el millón de metros cuadrados excluidos en virtud de una sentencia del Tribunal Supremo dictada en 2010, que declaró "foresta" este superficie de suelo.

En cambio, toda la inversión realizada hasta la fecha en este inmenso territorio rico en áridos no ha servido para darle utilidad empresarial. Y no ha sido poco lo invertido. Las cuentas más ajustadas sitúan el monto por encima de los 100 millones. Entre ellos, los 22 millones que destinó la Xunta a la construcción de un enlace de alta capacidad para conectar el recinto con la Autovía Rías Baixas. Por paradójico que parezca, esta es la única obra visible en el inhóspito paraje, convirtiéndolo a su vez en un caso insólito en España: el de un polígono industrial que dispone de conexiones terrestres antes de urbanizarse y sin empresas operando. Un lujo de cuatro kilómetros de autovía que los lugareños aprovechan para pasear o pedalear los fines de semana. Surrealista por decirlo finamente.

"Es un buen proyecto que surgió en un mal momento", se expresaba hace unas semanas la delegada de Zona Franca, Teresa Pedrosa, para referirse al Puerto Seco. Sin duda que lo es. Se ideó cuando los empresarios denunciaban con énfasis la falta de suelo industrial, con advertencias de que o se buscaba pronto un espacio o las industrias acabarían yéndose a Portugal. Entonces no había ni un solo metro cuadrado disponible en el entorno de Vigo, y menos dentro del recinto portuario. Todas las voces demandaban, suplicaban un nuevo polígono, bien comunicado y lo suficientemente amplio para satisfacer las expectativas y necesidades de los próximos treinta años.

Y en esas estalló la crisis con toda su crudeza y todo lo complicó aún más. Cuando en 2012 Feijóo ganó las elecciones, el Puerto Seco figuraba entre sus proyectos "estrella". Y a punto estuvo de fraguarse un desembarco que pudo haber sido decisivo en la suerte del proyecto. El gigante nipón Mitsubishi llegó a interesarse por los terrenos para asentar allí su mayor fábrica de baterías para coches eléctricos en Europa. Al final, los planes de la multinacional japonesa se acabaron diluyendo, pero en la espantada también sumaron, y no poco, las enormes dificultades de instalarse en la Plisan ante la desastrosa planificación del suelo y el eterno litigio jurídico de las expropiaciones.

Con todo, lo peor es que todavía hoy seguimos sin aprender la lección. Y que mañana podría ocurrir lo mismo si, por ejemplo, otra mutinacional aterrizase en busca de terrenos en los que instalarse. Porque no podría hacerlo. En Salvaterra no hay más que tierra, monte y lagos de hasta 20 metros de profundidad creados por las excavaciones, y faltan todos los servicios básicos como agua, luz, saneamiento, red de telecomunicaciones, urbanización....

De nuevo ante la proximidad de las elecciones, los políticos sacan tímidamente la cabeza para vender algo de esperanza, conscientes del incierto futuro de la plataforma logística. Para sortear los obstáculos judiciales y definir el nuevo ámbito que tras el "tijeretazo" del Supremo se queda en tres millones de metros cuadrados, entretanto no se resuelven los pagos pendientes en expropiaciones y derechos mineros, las tres administraciones pactaron a finales del año pasado un nuevo convenio que supone la vuelta al condominio en la gestión del Puerto Seco. O lo que es lo mismo, que las tres se comprometen a su desarrollo conjunto aunque conservando cada una su porcentaje de propiedad sobre los terrenos: Autoridad Portuaria de Vigo, un 60,5 %; la Xunta, a través del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), un 18,2%; y el Consorcio de la Zona Franca, un 21,125%. Todas las partes se comprometieron a acelerar los trámites, incluso se creó una comisión técnica y jurídica de seguimiento para evitar cualquier parón en el proceso. Parecía firme su propósito, y las instituciones se pusieron a ello, aprobando el acuerdo en sus respectivos plenos, consellos o consejos de Administración. Sin embargo, desde el pasado enero no se ha producido ningún avance más. Ahora le echan la culpa a la recurrente burocracia. El Puerto de Vigo, propietario mayoritario en el recinto, se escuda en que necesita el plácet de Puertos del Estado y que está a la espera de que le conteste al informe que debería autorizar el acuerdo adoptado hace cuatro meses.

En estas estamos, ocho años después de la fecha prevista para su inauguración. Así pues, basta ya de monsergas y pamplinas. El dinero no puede ser obstáculo teniendo como tenemos en Galicia otro puerto, tan seco como este pese a estar en mar abierto, recibiendo millones a paladas. Ni lo pueden ser las ridículas banderías políticas o los localismos, pues las tres administraciones son del mismo color político. Toca, de una vez, hacer política con mayúsculas.

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