La torpeza de una repentina ley de abdicación

05.06.2014 | 02:28
La torpeza de una repentina ley de abdicación

No hay nada peor que improvisar queriendo aparentar previsión y cordura. El Gobierno acaba de presentar un proyecto de ley orgánica para formalizar la abdicación del Rey. Por un lado se dice que no se trata de una ley con el alcance general que establece la Constitución ("las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden sucesorio a la Corona se resolverán por una ley orgánica", at. 57.5) pero, por otra, se afirma que la propia Constitución exige una ley para cada abdicación que se produzca. Para justificar esta ley se acude no sólo a precedentes históricos, sino incluso a la idea de España como Estado social y democrático de derecho, porque ante las dudas sobre el procedimiento a seguir, "debe optarse por la solución que propicie una mayor intervención de los representantes del titular de la soberanía, el pueblo español en su conjunto".

Cualquier cosa se argumenta con tal de no admitir que en esta materia no se han hecho los deberes, tras 36 años de vigencia de la Constitución. Aun aceptando que cada abdicación requiera una ley, si la decisión del Rey ya estaba pensada desde enero, no se explica cómo no se hizo la norma durante estos últimos meses. Pero lo más inconcebible, si cabe, es la referencia al principio democrático. Si la ley, con un escueto artículo único, no tiene más objeto que formalizar la abdicación del Rey, no se entiende qué intervención pueden tener los diputados y senadores, más allá de certificar que el Rey abdica por voluntad propia. Al Rey no se le puede obligar a continuar en contra de su voluntad y está claro quién es la persona llamada a sucederle en la Jefatura del Estado. Para formalizar este automatismo constitucional no es precisa la tramitación de una ley; basta con unas sencillas normas de procedimiento aprobadas por las Cortes. La articulación en una ley, tal como se ha hecho, abre la posibilidad de enmiendas y debates de totalidad que, sin duda, aprovecharán los partidos republicanos para expresar su oposición a la monarquía y los partidos nacionalistas para recordar sus reivindicaciones ante el relevo en la Corona. Lo que tendría que ser un acto solemne para afirmar la continuidad de la institución que simboliza la unidad y permanencia del Estado, se convertirá con este trámite legal en un escenario de divisiones parlamentarias y de reivindicaciones cuya cabida está en otros procedimientos constitucionales. Si querían realzar este cambio en la Corona, ni a posta se puede hacer peor.

Todo comenzó mal. Sin una ley como la que demanda la Constitución en esta materia y con un comunicado del Rey al Presidente del Gobierno, cuando es el Presidente de las Cortes el llamado a ser el interlocutor en asuntos de la Corona, según se deduce del Título II de la Constitución. Después, se informa de la abdicación al lider de la oposición antes que a los Presidentes del Congreso y del Senado. Ahora se inventan una ley, cuando lo lógico sería formalizar ante las Cortes la abdicación, refrendada por el Presidente del Gobierno, en un acto conjunto de ambas Cámaras, en el que, a la vez que se da cuenta de la abdicación, se procede a la proclamación del nuevo Rey y a la prestación del juramento previsto en el art. 61 de la Constitución.

¡Cuánta torpeza para una Corona que anda con muletas!

* Catedrático de Derecho constitucional

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