Todo el mundo sabe que Vigo, pese a no ser capital de provincia, reúne los requisitos para mantener una demarcación judicial propia, esa que ahora se le quiere arrebatar con la reforma Gallardón. Pero no todo el mundo actúa en consecuencia con tal excepcionalidad. Hay quien intenta meter en un mismo saco a todas las ciudades, como si todas tuviesen idénticas características y condiciones, lo cual no es cierto. Nadie cuestiona el derecho de otras a reclamar lo que crean que les corresponde. Se trata, simplemente, de admitir lo que Vigo tiene de excepcional, que en el asunto que nos ocupa es mucho.

Tanto, que no hay ninguna otra localidad comparable. Porque ninguna otra amenazada con dejar de ser un partido judicial reúne una población tan elevada, tanta litigiosidad y tanto dinamismo económico. Y eso es lo que cuenta.

No lo digo yo, sino la UE. En una resolución aprobada hace cuatro meses, el pasado diciembre, estableció las condiciones para fijar las demarcaciones judiciales, dentro de un plan para lograr una justicia más eficiente. Pues bien, la UE lo que dice es que deben establecerse demarcaciones en función de la población, la tasa de litigiosidad y el potencial económico de la zona, propiciando la máxima proximidad posible. Les suena, ¿verdad? Es tan sencillo y lógico, que de no deja de sorprender que Alfonso Rueda, responsable del área de Xustiza de la Xunta, no acabe de ver el argumentario para defender la causa de Vigo ¿O será que no lo quiere ver?