EDITORIAL

Rendir cuentas, una obligación para regenerar la política

27.04.2014 | 01:45

Como proclamó Churchill ante la Cámara de los Comunes, "se ha dicho que la democracia es la peor forma de gobierno, excepto por todas las otras formas que han sido probadas de vez en cuando". El problema de la baja calidad de la vida pública actual no nace tanto de las imperfecciones de la democracia como de la falta de un control social eficiente sobre los políticos. La desmoralización hace mella en los ciudadanos al ver a desvergonzados dirigentes envueltos en financiación ilegal dictando lecciones de ética, a concejales que conducen borrachos y se niegan a dimitir,y a altos cargos enriquecidos, que no justifican sus ingresos, mofándose tan panchos. El país precisa de una sociedad civil exigente e implicada para regenerar la política.

Hace siglos, cuando España mantenía un imperio en el que nunca se ponía el sol, desde los virreyes a los alguaciles de América sufrían juicios de residencia antes de dejar el puesto. El proceso incluía una exhaustiva investigación y entrevistas a testigos para analizar el cumplimiento de las instrucciones del rey, los abusos cometidos y el posible enriquecimiento ilícito en el poder. ¿Estamos peor que entonces?. Hoy, aquí, la rendición de cuentas no forma parte de la cultura política. Los grupos reciben generosas subvenciones a cambio de justificaciones livianas que muchas veces ni siquiera cumplimentan. Unos contratan asesores. Otros encargan inútiles informes-tapadera. Algunos remiten los estipendios directamente al jefe, haya paz y después gloria. ¿Es presentable? Nadie devuelve un euro, ni se sacan conclusiones de indicios concluyentes. La transparencia de los patrimonios de los políticos es casi optativa y no hay instrumentos que permitan evaluar y sancionar un incremento injustificado, la ocultación y los engaños. En otros países existe obligación de divulgar las agendas para ver con quiénes se reúnen los representantes del pueblo.

Los partidos actúan presos de un trastorno bipolar: pregonan códigos de buena conducta que nunca aplican. Si el rival mete la mano en el cajón lo critican, pero no demasiado por si acaso. Y claro, si lo hace el compañero, toca encubrirlo y denunciar conspiraciones. La evidencia sobre el trasiego de donaciones luego traducidas en favores, y el dinero que algunos distraen por el camino, empieza a resultar abrumadoras.

Extender el aforamiento, una prevención excepcional, a dirigentes que deben responder de sus actos como cualquier ciudadano carece de justificación. La condición de aforado supone tal regalía que un juez con problemas, como Elpidio Silva, quiere dar el salto a la política para protegerse. Podrán o no probarse hechos delictivos. Incluso algunos, por interesado vacío normativo o por prescripción, adquirirán apariencia de legales, pero desde la ética y la esencia de la política son inadmisibles. Debería de anularse el derecho de concurrir a unas elecciones a quien ande implicado en episodios de esta naturaleza. Y eso no es difícil de conseguir con una legislación adecuada. Ahora no existe porque no conviene a los políticos.

Las grandes formaciones arrastran el mayor deterioro, incapaces de generar confianza y recuperar el respeto de una población desencantada. Yerran al buscar sólo serviles a su alrededor. El problema es que por la rendija de su desgaste se cuelan alternativas aún peores. En especial las que nacen desde dentro del propio sistema, movimientos encabezados por embaucadores para reemplazar por atajos a quienes antes les desplazaron. Su único interés: mantener los privilegios y seguir engordando la cartera. Así de claro y así de escandaloso. La democracia no consiste sólo en votar. Faculta a la ciudadanía para exigir responsabilidades a los malos gobernantes y para hacerles pagar sus tropelías y equivocaciones. La sociedad no puede abdicar de esa competencia desentendiéndose de la vida pública.

Del Estado todos formamos parte y entre todos lo pagamos. En los últimos comicios locales la mitad de los candidatos relacionados con cohechos lograron la reelección. Un alcalde de un pueblo de Valladolid condenado por recibir un chalé y dinero tras favorecer una recalificación urbanística gana en las urnas cada vez con mayor margen. La corrupción no resta apoyo por falta de rodaje democrático y porque los votantes aún no tienen asumido que lo público es suyo y que les están robando.

Modificar esa percepción requiere cambiar de mentalidad. La transformación es posible porque alguna otra en su historia los españoles ya lograron culminarla con éxito. Hasta la Transición, la sombra de pucherazo planeó sobre las consultas. Hoy, España compite en limpieza electoral con las naciones más avanzadas. No lo hace todavía en los métodos de selección de los políticos ni en los mecanismos para controlarlos, deficiencias inmensas que la crisis agudizó. Sin corregirlas, no hay regeneración creíble.

Tenemos que remediar un mal endémico. Tipificar nuevos delitos e inhabilitaciones para los corrompidos y los corruptores. Obligar a los partidos a equilibrar ingresos y gastos. Someterlos a auditorías independientes y acotar sus fundaciones, verdaderas "marcas blancas". Basta con pocas reglas, sencillas y fáciles de fiscalizar, y la voluntad de cumplirlas, algo de lo que siempre han carecido.

"La economía", sostenía Keynes, "debe ser una cuestión reservada a los especialistas, como la odontología". No se trata de sustituir a los cargos públicos por expertos, sí de que asuman, como los dentistas, los efectos de su mala praxis. Y de que no acaben por convertirse en el dolor de muelas crónico de esta democracia.

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