Galicia y España se juegan en las próximas 72 horas el futuro de una de las multinacionales que más y mejor ha paseado su nombre por el mundo. Eso fue, entre otras muchas cosas, lo que hizo impoluta Pescanova durante cuatro décadas. Hasta que hace poco más de un año se descubrió el monumental engaño de sus máximos responsables, que ocultaban un agujero financiero de 3.000 millones de euros.

Desde entonces, y pese a todo, la compañía ha evidenciado una viabilidad empresarial por todos reconocida. Y puesto que su viabilidad está fuera de toda duda, lo que hacía falta era que los acreedores y quienes asumiesen su gestión llegasen a un acuerdo que hiciese posible sacar a Pescanova del concurso de acreedores, como finalmente parecen haberse logrado.

La prórroga concedida la pasada Semana Santa por el juez del proceso concursal se agota el próximo miércoles. Superada la dificultad de encontrar un nuevo acuerdo, si por fin así se materializa, el principal obstáculo es ahora encajarlo en el convenio para afrontar la quiebra ya presentado y aceptado por la autoridad concursal y admitido por el juez, convenio que en teoría no es posible modificar. Un encaje de bolillos delicadísimo. Pero no hay otra. Eso, o la liquidación.

Básicamente, el problema radicaba en que los acreedores, es decir, la banca, no aceptaba el convenio presentado por quienes iban a asumir la gestión de la compañía como socio industrial, o sea, por el grupo Damm, de la familia Carceller, y el fondo Luxempart, que suman más del 12% de las acciones de la empresa.

El grupo Damm había presentado una propuesta de convenio que se suponía contaba con el respaldo de la banca. Pero, una vez presentado, la banca aseguró que no recogía lo que habían pactado. Puesto que para que un convenio salga adelante es necesario que lo apruebe más del 50% de los acreedores, y dado que sin la banca ese porcentaje resulta inalcanzable, el convenio encalló.

Reabrieron entonces las negociaciones, pero en un ambiente tan enrarecido y tenso que se vieron abocadas a un callejón sin salida. Hasta que a principios de esta semana, y ya en tiempo de prórroga, el grupo Damm mostró su disposición a echarse a un lado si así se evita la liquidación.

Y en esas estamos. En concretar las condiciones de ese nuevo acuerdo anunciado el viernes que deja fuera a Damm, minoría mayoritaria en el consejo, y que no puede vulnerar la ley que impide modificar un convenio una vez presentado y aceptado por el juez concursal, como es el caso.

El plan de los bancos pasa, básicamente, por recuperar 1.000 de los 3.000 millones que tienen atrapados en la compañía. Es decir, 300 millones más de los 700 en los que Damm se plantó aduciendo que son el límite para hacer viable la empresa. Pasa por eso y por frenar los concursos exprés de las filiales de Pescanova lanzados por la cervecera, entre otras cuestiones.

Sean cuales sean los términos finales del acuerdo, lo esencial es la unanimidad en que Pescanova ni puede ni debe ser liquidada. Todos, sin excepción, desde el administrador concursal hasta el juez pasando por la banca acreedora y los accionistas, incluidos los de referencia como Damm, hasta el Gobierno central y la Xunta han reconocido que la empresa es viable, y que, convenientemente saneada, sigue siendo un proyecto empresarial con futuro.

Y la mayor prueba de su viabilidad quizá sea que siga en pie pese al monumental escándalo que la envuelve desde hace más de un año y a las gravísimas irregularidades y engañifas contables de sus antiguos máximos responsables.

Los cuantiosos activos que aún conserva, la fortaleza de su cultura pionera e innovadora y su valiosísima marca, la han mantenido a flote en medio, además, de la más descomunal de las tormentas económicas. Produciendo, distribuyendo, vendiendo y pagando. O sea, funcionando.

Si quienes la conocen por dentro certifican su viabilidad, que la certifican, la única opción debe ser la implicación de todos en garantizarla, incluidos la Xunta y el Gobierno central. Y es necesario hacerlo cuanto antes no solo para acabar con la incertidumbre, sino también para normalizar el mercado y evitar los trastornos que esta situación está causando a las otras marcas gallegas relevantes en el sector, que no son pocas.

Los expertos en legislación concursal creen posible encontrar resquicios para encajar el acuerdo en la ley, pese a su excesiva rigidez. Y han advertido también del riesgo temerario que implicaría ir a lo que eufemísticamente algunos llaman una liquidación controlada, una opción que en su opinión acabaría llevándose por delante a la compañía o troceándola de tal manera que quedaría sin apenas valor ni potencialidad. Persisten muchas dudas. Las consecuencias que pueda tener la intención de los bancos de dar definitivamente por perdidos los activos de Chile y Centroamérica o la acuicultura no son precisamente pequeñas. Es verdad que se está más lejos del precipicio que hace una semana, pero queda muchísimo por hacer. Por eso, lo fundamental en medio de tanto escándalo y tanta complejidad es que todas las partes tengan claro que Pescanova ni se liquida ni se trocea, porque de lo contrario ya no sería Pescanova.