El laberinto de la factura eléctrica sigue siendo un test in progress de la incapacidad política para meter en cintura a los que siempre ganan. Ahora lanzan estos el señuelo de la tarifa fija anual voluntaria, con la que aparentan responder a las exigencias del gobierno, pero advierten al consumidor que se lea bien la letra menuda antes de pedirla. Más que menuda, esa letra es ininteligible, como lo han venido siendo sus precedentes a lo largo de décadas. La tarifa anual implica un aumento de al menos cien euros sobre la suma ponderada de la tarificación actual. Quizás interese en consumos no domésticos para presupuestar sin sorpresas, pero el usuario de a pie ya sabe que pagará más en lugar y no menos. Pese a las aparentes presiones del Ejecutivo, la curva elíptica quedará cerrada sin minoración alguna del beneficio, tan impresionante en crisis como en bonanza.

Con estos ejercicios de ingeniería financiera, el problema sigue creciendo. Los costes fiscales y de peajes (60 por 100 de la factura) no bajan ni por guardar las apariencias. Las subastas serán rampantes, como siempre, y el ciudadano a pagar y callar. Las eléctricas competirán en el baile de ofertas y productos que habrá que estudiar con la perspicacia que no tiene el pueblo llano para soslayar las ventajas-trampa. No hay una normativa pública de referencia y el papel de los organismos reguladores parece conjugarse en la inefectividad. Algo así como lo ocurrido con las preferentes, cuyo ciclo de devolución aún tiene un largo recorrido. Dentro de poco expulsarán al juez Silva de la carrera, mientras que el banquero Blesa se queja amargamente de que "le ha desprestigiado" mientras pone a su servicio todas las garantías procesales transmutadas en estratagemas dilatorias.

Al Estado no le hablen de suavizar su cuota fiscal. Y a las empresas, todas privadas, que no les toquen su lectura de la liberalización. El que crea cabalmente que ésta es una buena manera de gobernar, que dé un paso al frente y la explique a la sociedad. Hasta ahora hemos conocido declaraciones para todos los gustos, quejas de unos y aparentes medidas de control o veladas amenazas de otros, que, en resumidas cuentas recargan la factura. Es un proceso impresentable que traerá consigo, más pronto que tarde, otra caída de la confianza en la política. El neoliberalismo que no acaba de entender la necesidad de "más Estado" para imponer un escudo contra el abuso, empuja al ciudadano a defenderse judicialmente como única salida. Parecía haber llegado el momento de disciplinar a otro sector de "letra menuda", pero no. El colmo es ofrecer mejoras con la espada de Damocles del entérese bien y no meta la pata. Los juzgados no darán abasto.