Ante el hecho consumado

23.04.2014 | 01:50

Es algo a lo que estamos ya por desgracia más que acostumbrados -la política del hecho consumado-, y que ha adquirido dimensiones extremas precisamente en el sector que más desarrollo, pero también más destrozos ecológicos y degradación moral nos ha traído: la construcción.

Es harto conocido, gracias a su difusión en los medios, el caso del Algarrobico, el mastodóntico hotel proyectado en una playa del parque natural del cabo de Gata y que está sin terminar al haber ordenado en un principio la justicia andaluza la paralización de la obra. Aunque luego, en un extraño cambio de opinión, esa misma justicia haya declarado urbanizable el suelo sobre el que se levanta.

Desde hace ya años, y mientras se decide su futuro, su esqueleto permanece en pie, afeando un paisaje que fue virgen hasta que lo violaron salvajemente unos promotores con la connivencia de unos gobernantes a quienes habíamos encomendado, sin embargo, velar por su conservación.

No es un caso aislado. Está a escala nacional la nueva Ley de Costas, que declara de pronto dentro de la legalidad toda una legión de construcciones que tachonan un litoral que fue en un tiempo motivo de orgullo por su belleza y corre riesgo de convertirse, por culpa del ladrillo y de la corrupción acompañante, en nuestra mayor vergüenza.

Lo vemos repetirse también ahora en el interior, en una de esas urbanizaciones de lujo que tanto gustan a quienes se hicieron ricos en plena cultura del pelotazo: una isla situada en un embalse del río Tajo, en tierras extremeñas, en una zona protegida por la Unión Europea.

Se construyó en la época en la que los socialistas gobernaban Extremadura y se hizo con el apoyo entusiasta de ese partido y de la entonces oposición popular.

Su promotor logró que se aprobara un proyecto de interés regional que permitía la construcción allí de 185 viviendas, hoteles y, naturalmente, campo de golf y club náutico. Todo lo que gusta a los nuevos ricos.

El Tribunal Supremo ha sentenciado definitivamente su ilegalidad con el argumento de que se levantó en un espacio natural de protección comunitaria y la Junta no aportó razones válidas que justificaran su construcción.

Según los medios, cuando se vendieron algunas de las casas, ya planeaba sobre el conjunto la sombra de la ilegalización, pero, tras el primer fallo adverso del Tribunal Superior de Extremadura, los compradores recibieron garantías de si había que demoler las viviendas, el promotor se comprometía a recomprarlas antes a sus clientes.

Resulta que, como en tantos otros casos, la promotora de esa urbanización de lujo se ha declarado insolvente y ha preparado un concurso de acreedores, por lo que muchos compradores parecen dudar ahora de que, si finalmente las cosas se pusiesen realmente feas, fueran a recuperar su dinero.

Y ahí es donde entra en acción una vez más la política del hecho consumado: desde la Junta de Extremadura, ahora de otro color político, se trata de salvar la urbanización porque se trata, dicen, de una inversión muy importante. Y, claro está, hay también conocidos apellidos, entre ellos algunos de banqueros, por medio.

Es el argumento de siempre: es una lástima, cuando se ha invertido tanto dinero y algo está funcionando, echarlo abajo por culpa de esos aguafiestas que son los ecologistas.

Hay que pensar sobre todo en los puestos de trabajo que se perderían: guardias de seguridad, personal de limpieza y de servicio, camareros.

Y además, como en el caso del Algarrobico, ¿quién va a pagar las obras de derribo?

País de corrupción y de listos. Y, sobre todo, país de impunidad. Así ¿hasta cuándo?

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