EDITORIAL

Vigo, y la Xunta, están obligados a defender el partido judicial

13.04.2014 | 11:49

La reforma legal propugnada por Alberto Ruiz Gallardón que arrebataría a Vigo la condición de partido judicial es ya una realidad. Todavía en forma de anteproyecto de ley, pero una realidad. La reacción de la ciudad no se ha hecho esperar: contundente y unánime rechazo, sin fisuras ni excepciones. La Xunta, y no solo Vigo, está obligada a defender la excepcionalidad, sin parangón en España, de la mayor ciudad de Galicia y evitar la consumación de un error, un inmenso e imperdonable error, que condenaría a casi cuatrocientas mil personas a padecer una justicia de tercera.

El anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) aprobado el pasado viernes día 4 por el Gobierno en Consejo de Ministros implica, entre otras muchas cuestiones, la creación de un tribunal de instancia con circunscripción provincial y con sede oficial en la capital de la provincia. Rompe así con los partidos judiciales tal y como están concebidos ahora y apuesta, en el primer escalón de la Justicia, por una especie de macrotribunales que sustituirían a los actuales juzgados unipersonales. Al tiempo, centraliza todo el andamiaje judicial en la capital provincial.

Es solo la primera parte de la reforma, porque de llevarse a cabo los cambios esbozados hasta ahora para la Ley de Planta y Demarcación Judicial también serían suprimidas las Audiencias Provinciales –Vigo tiene dos secciones–, trasladándose sus competencias a los tribunales superiores de Justicia, que en Galicia se encuentra en A Coruña.

En casos como el de Vigo los cambios provocarían tales trastornos a miles de integrantes de los estamentos judiciales, obligados a cambiar su lugar de trabajo, y a cientos de miles de ciudadanos, obligados igualmente a trasladarse a otra ciudad para las gestiones oportunas, que la ley contempla la figura de lo que llama "sede desplazada", es decir, la posibilidad de que, una vez establecidos en la capital provincial, los órganos competentes admitan el desplazamiento de determinados servicios a determinadas poblaciones. Vigo pasaría así a ser una mera sucursal, sin ningún grado de autonomía ni capacidad de decisión sobre cómo organizar la administración de Justicia a sus ciudadanos.

Lógicamente, las nuevas medidas no afectan solo a Vigo. Todas las ciudades que no sean capitales de provincia están en igual situación. Pero el caso de Vigo es sin duda el más sangrante de todos, en Galicia y fuera de ella.

Las cifras resultan apabullantes. Tanto, que hacen bueno el aserto bíblico de que no hay peor ciego que el que no quiere ver ni peor sordo que el que no quiere oír. De los 180.225 casos registrados en la provincia de Pontevedra durante el pasado año, 84.936 corresponden a Vigo, una cifra que quintuplica la de la capital. En toda España no se da ninguna correlación similar. Ni siquiera entre las grandes capitales. Barcelona, por ejemplo, acapara el 56% de los asuntos judiciales de su provincia, mientras que Vigo alcanza el 61%. Su partido judicial, conformado por Vigo, Baiona, Nigrán y Gondomar, suma 341.000 habitantes, por los 112.600 del de Pontevedra. Si la comparación es con otras ciudades españolas con población similar, la litigiosidad de Vigo –la mayor de Galicia y entre las más altas de España– es también abrumadoramente superior. Por ejemplo, Valladolid, con más habitantes, apenas alcanza los 60.000; Gijón ronda los 45.000 y Móstoles, los 60.000.

Advertimos en este mismo espacio editorial del peligro que se avecinaba ya en 2010, concretamente el 12 de diciembre. "La Ley de Planta debe permitir el desarrollo judicial de Vigo", titulábamos entonces, y decíamos, entre otras cosas: "La redacción de la nueva ley debería suprimir la capitalidad como criterio único a la hora de repartir órganos judiciales". Se nos dijo que no fuésemos alarmistas, que no había nada en firme.
Dos años y cinco meses después, cuando se conoció el primer borrador, exactamente el 12 de mayo de 2013, volvimos a abordar el problema. "El surrealista plan de supresión del partido judicial de Vigo", denunciamos, y advertíamos del problema en estos términos: "Quizá en algunas comunidades tenga sentido ir a una división judicial por provincias, pero en Pontevedra la realidad es tan obvia que plantearse siquiera la opción es ya un desatino". De nuevo las mismas voces salieron raudas a adormecer conciencias negando la evidencia.

Pues bien, ahora es ya un anteproyecto de ley y está presentado oficialmente. ¿Qué han hecho en todo este tiempo quienes optaron, cual avestruces, por esconder la cabeza debajo de la tierra? ¿Qué piensan decir ahora? ¿Acaso lamentarse de que estamos ante hechos consumados? Quedan tiempo y escenarios para dar la batalla: el de los informes que deben emitir los órganos consultivos, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado, por ejemplo. Y fórmulas que proponer, como el reconocimiento de dos partidos judiciales en la provincia con sedes en Pontevedra y Vigo.

Dijimos entonces, y seguimos sosteniendo ahora, que no se cuestiona la necesidad apremiante de reformar la Justicia para hacerla más rápida, funcional y barata, en una palabra, más eficiente. Lo que se cuestiona es que, en pro de tal objetivo, en un caso determinado se obligue a desplazarse a cientos de miles de personas fuera de su ámbito natural, como ocurriría con la población de Vigo y su área metropolitana, condenándolas a sufrir una Justicia más lenta y cara, menos eficiente. O se la prive de competencias con las que regir sus destinos, algo que, paradójicamente, tendrían otras demarcaciones menos relevantes.

En el caso de Vigo tal dislate implicaría, además, una frustrante regresión a prácticas y discursos que creíamos felizmente superados. Frustrante porque, en primer lugar, nos recuerda que las administraciones gustan de castigar a los vigueses obligándoles a luchar por cuestiones evidentes, esas que otros consiguen sin mover un dedo. Ahí es nada el esfuerzo que ha tenido que derrochar para conseguir dos secciones de la Audiencia provincial, una fiscalía propia, un Registro Civil, el ansiado juzgado de lo Mercantil, que hace justicia a su condición de capital industrial de Galicia; juzgados especializados como los de familia, de lo social y de violencia de género, o los servicios de mediación familiar. Por no hablar de la pelea que fue necesario librar para que Tráfico, la Agencia Tributaria o la Seguridad Social abriesen sede en la ciudad.

En segundo lugar, supone una regresión frustrante porque reaviva el sempiterno debate sobre quién debe ostentar la capitalidad de la provincia o incluso la conveniencia de partir ésta en dos. Muchos ciudadanos y la mayoría de los exalcaldes se han pronunciado estos días en ese sentido. Y, siendo como es una cuestión anacrónica, es lógico que tal demanda aflore. Incluso es de temer que vaya a más, dado el grado de hartazgo de la gente con las prácticas políticas que, lejos de resolver los problemas reales, se empecinan en inventarlos. Porque si hay algo claro, es que la capitalidad de la provincia no puede ser un obstáculo para el desarrollo de Vigo ni un freno para la calidad de vida de los vigueses. Quien se empeñe en que lo sea estará creando un problema. Y grande.

El clamor en contra del anteproyecto y en defensa de los derechos de los vigueses es general, unánime. Hasta el propio alcalde de Pontevedra, el nacionalista Miguel Ángel Fernández Lores, en un gesto de cordura y sensatez que le honra, ha calificado de "barbaridad" la pretensión de centralizar la Justicia en la capital. Y de "injustificable" lo ha tachado el presidente de la Audiencia provincial de Pontevedra, Francisco Javier Menéndez.

Curiosamente, la Xunta, a través de la consellería de la Presidencia de Alfonso Rueda, la competente en la materia, es la que se está moviendo en una extraña ambigüedad, tan calculada como mal disimulada, consistente en criticar el anteproyecto y, al tiempo que simula hablar de Vigo, pedir que se respeten "las especificidades" de "todas" las ciudades gallegas, en general, sin hacer en realidad mención expresa a la mayor de todas esas especificidades, sin parangón en España, como es Vigo.

Es relevante la ambigüedad porque hace ahora un año, cuando se conoció el borrador, exactamente el 12 de mayo, el presidente Feijóo no dudó en decir que "se hai que facer algunha singularidade en España, a primeira que pediremos será Vigo". Entonces era cuando la Xunta decía que hablaría una vez que hubiese una propuesta formal encima de la mesa. Pues bien, ese momento ha llegado.

Y debería hacerlo alto y claro, como parece que está dispuesto a hacerlo el PP vigués. Porque sin menoscabo de lo que en justicia le corresponda a las demás ciudades, hacer un "totum revolutum" con todas ellas es un inmenso error, como el propio Feijóo reconoció en su día y los datos evidencian sobradamente. ¿Con qué argumento defenderá la Xunta la "excepcionalidad" de la "generalidad" de "todas" las ciudades gallegas, frente al resto de ciudades de España, si mete en un mismo saco a la de 340.000 habitantes y mayor litigiosidad con la de 70.000 habitantes y escasa actividad judicial? De no tratarse de un error estaríamos ante una impostura, lo cual sería aún peor.

La postura de Vigo está clara, más que nunca y sin fisuras. Pero no estamos ante una batalla de ciudad, sino de país. Galicia, la Xunta, no puede cerrar en falso ni soslayar una demanda tan sentida y legítima de su mayor conurbación urbana. Esta es también su batalla y debe plantar cara en Madrid, como ha hecho en otros asuntos relevantes. Porque no es una cuestión de falsos agravios ni absurda petulancia, sino de reconocer la realidad tal y como es, de simple Justicia, nunca mejor dicho.

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