tRIBUNA LIBRE

Sobre la impunidad del poder

13.04.2014 | 01:26

"El sentido común de cualquier ciudadano de bien le dice que su gobierno, en este caso el del Ayuntamiento de Ourense, debe ocuparse de que el Plan General de Ordenación Municipal de su ciudad sea conocido a la vez por todos al mismo tiempo: sin privilegios. Pues bien: la ley también es al respecto muy concreta. Es la primera de las referencia sobre determinadas opiniones interesadas sobre esa cuestión.

Y así, en la Ley Gallega, en el Capítulo 2 de "Elaboración y aprobación"? dice "Artículo 85.2. El Ayuntamiento? procederá a su aprobación inicial y, a continuación, el plan de urbanismo que fue aprobado inicialmente ? será sometido ?. al trámite de información pública durante un plazo de dos meses".

Después del capitulo 2 viene el Capítulo 3, relativo a los "Efectos de la aprobación de los planes", al señalar que: una vez aprobados y durante su tramitación podrán ser consultados por cualquiera. Sentido común y ley, es lo que se debe aplicar en este caso concreto.

A continuación del Pleno de la Corporación que se celebró el pasado 8 de noviembre de 2013, donde se aprobó inicialmente el documento del nuevo Plan General de Urbanismo de Ourense, se abrió la Información pública en el Centro "Anxel Valente" (antiguo edificio del Banco de España) a todos los ciudadanos al mismo tiempo durante un período de tres meses, durante los cuales los ciudadanos y diferentes organizaciones y asociaciones, y otros colectivos, presentaron las alegaciones que consideraron oportunas al mencionado documento de ordenación que se encuentra en fase de tramitación.

Antes, el Gobierno municipal cauteló escrupulosamente que nadie tuviese información privilegiada: como es su deber. ¿Es necesario recordar que el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de 2003 fue anulado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, con varias sentencias, y posteriormente de forma definitiva por el Tribunal Supremo, porque el gobierno de entonces, que se encargó de su elaboración, el del Partido Popular, lo hizo tan mal que la sentencia que lo anula se ve en la obligación de recordar: "? la información pública atiende a intereses generales, no a los particulares de unos propietarios?".

Nadie podría haberme hecho creer en los años que he vivido que un concejal de Urbanismo pudiera llegar a tener que defenderse en un juzgado de lo penal ante el abogado de un promotor inmobiliario, sobradamente conocido, por impedirle tener información privilegiada y antes que a los demás ciudadanos, a través de la exposición pública, una vez aprobado inicialmente por el Pleno.

¿Para qué?. Debe estar acostumbrado a un trato especial que obviamente tuvo en su día y que ha perdido desde la llegada del nuevo gobierno. Pues si: hasta dieciséis veces estaría imputada si fuese preciso para defender el interés general."

* Áurea Soto es concejal de Urbanismo en el Concello de Ourense

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