El desequilibrio vertical en el reparto de ingresos

La distribución de recursos entre niveles de gobierno no refleja bien el reparto competencial. En estos momentos, las autonomías son responsables presupuestarias de sanidad, educación y servicios sociales. Dejando al margen las pensiones de la Seguridad Social, estamos hablando de los tres pilares básicos del Estado del Bienestar. Pilares que están sujetos a una dinámica expansiva objetivable: la esperanza de vida en aumento y los avances tecnológicos empujan al alza el gasto sanitario; la educación se configura como elemento central no solo de la igualdad de oportunidades, sino de la competitividad de los países, como recoge la llamada "Agenda de Lisboa"; la Ley de Dependencia exige crecimiento del presupuesto de dos dígitos en servicios sociales para poder aplicarla incluso con retraso respecto al calendario inicial. Es por ello que no vale decir que hoy las autonomías aún cuentan con recursos similares a los de 2002 o 2003 y que, por tanto, la prestación de servicios a calidad similar es factible. Sobre todo cuando la Administración central regula una legislación básica con incidencia real en el gasto autonómico. Y es evidente que los ajustes del gasto a la baja en todas estas áreas son objetivamente más difíciles que en las competencias estatales; o incluso en el ámbito local, si se dejan al margen las llamadas "competencias impropias", como de hecho están haciendo los municipios. En todo caso, las comunidades también han embridado el gasto, que cae en media un 12% entre 2007 y 2012 en términos reales.