Radiografía de la reforma local

09.04.2014 | 01:20

Las entidades locales han cerrado el 2013 con un superávit del 0,41 %. Este dato desmiente la coartada utilizada por el Gobierno para aprobar la ya conocida reforma local. Siguiendo la propia exposición de motivos de la ley entre sus objetivos se encontraban adecuar la gestión local a los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso. A la vista de los datos ofrecidos por el ministerio, desviándose de las previsiones, quizá sería más urgente acometer reformas en el Estado y las Comunidades Autónomas.

¿Por qué entonces la reforma local?

En primer lugar, para dar satisfacción a las ansias reformistas de Bruselas. La configuración constitucional de las entidades locales las convierte en la pieza más débil del tablero. La tentación de ofrecer los datos del previsto ahorro como consecuencia de la reforma, hasta 8.024 millones de euros en el período 2014-2020, ha sido irresistible. Anunciado e interpuesto ya recurso de inconstitucionalidad habrá que ver si en el 2020 sigue vigente esta regulación.

En segundo lugar, la cantinela más popular. "Una administración una competencia". Bajo esta premisa se están abordando el conjunto de reformas de las administraciones públicas. En el caso de la local se acusa a los ayuntamientos de ejercer un sinfín de competencias impropias que originan una grave situación de déficit. No citaré de nuevo la (no) contribución al déficit en el 2013 de las entidades locales, año en el que, por cierto, la reforma aún no estaba en vigor. Al tiempo, se prevé la transferencia a la comunidad autónoma de las competencias en servicios sociales, educación y salud.

Los ciudadanos han sido los grandes olvidados de esta reforma. Con la ley en la mano habría que preguntarse si es posible seguir prestando servicios en materias tan sensibles como igualdad de género o promoción económica y empleo. Ante la incertidumbre las comunidades autónomas se han tenido que poner a legislar de urgencia para evitar un auténtico colapso de los servicios públicos locales. Frente a esa disyuntiva ¿qué pueden hacer los ayuntamientos? Seguir prestándolos. La actual coyuntura económica y social no permite otra solución.

Por último, para dar respuesta a la demanda del propio sector. Esta ha sido la justificación que ha servido para impulsar la reforma frente a las resistencias de los propios actores locales. Es cierto que existía un fuerte sentimiento reformista para adecuar la administración local a las necesidades que la propia evolución de la sociedad ha generado en ellas. No tan cierto que esta reforma pueda contribuir a ello. Una de sus mayores debilidades es la ausente previsión de un adecuado sistema de financiación, acometer la una si la otra convierte esta opción en un parche provisional.

Aunque el sistema competencial ha asumido el protagonismo de la reforma, existen otros actores secundarios. La promoción de la fusión de municipios como respuesta al problema de la planta local, limitar la intervención pública a favor de la iniciativa económica privada y el reforzamiento de las diputaciones serían de los más destacados. Se abren nuevas vías a explorar de recorrido incierto.

A modo de conclusiones, conclusiones provisionales porque algo habrá de cambiar, hay que decir que todo sigue igual. A ello contribuyen las iniciativas autonómicas que ante el desconcierto provocado por el nuevo escenario y para garantizar los servicios locales afectados se han lanzado a aprobar leyes intepretativas para la aplicación de la ley estatal. El Consello de la Xunta ya ha aprobado el correspondiente anteproyecto, en Castilla y León ya en vigor.

Ya lo decía Lampedusa en el El gatopardo "Algo debe cambiar para que todo siga igual".

*Secretaria de Administración Local

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