Áurea Soto o la impunidad del poder

09.04.2014 | 01:21

La Ley Urbanística de Galicia declara que un Plan General de Ordenación Urbana es público y reconoce a todo ciudadano el derecho a consultarlo en todo momento, incluso durante su tramitación. La norma es tan clara que no admite interpretaciones, ni dudas, ni salvedades. La única manera de evitar el tráfico de información privilegiada en materia urbanística es impedir, precisamente, que la información sea privilegiada.

Pero la concejala de Urbanismo Áurea Soto decidió que su omnipotente voluntad está por encima de la ley. Declarando confidencial y secreto el Plan General impidió su consulta a ciudadanos que reiteradamente la solicitaron, mientras que sí la facilitó, aunque bajo la vergonzosa y humillante vigilancia de dos funcionarias, a los miembros de la corporación municipal. Cuando a Soto le pareció que, a los ocho días, los concejales habían visto suficiente, les retiró de la vista el documento, igual que se quita el caramelo a un niño.

Ni siquiera tuvo el valor de denegar por escrito nuestras peticiones, consciente de que su decisión es una manifiesta transgresión de un derecho cívico. Con su habitual demagogia e interpretando el papel de Juana de Arco del urbanismo pseudo progresista, Soto se enorgullece de ser imputada una y dieciséis veces más por "proteger los intereses públicos", como si la transparencia plena, la publicidad total de un plan de urbanismo desde su inicio pudieran dañar el interés general.

Este no es más que un botón de muestra de la actitud de la edil de Urbanismo, para quien todo parece valer a la hora de defender su particular idea del interés público. Tras declarar en varias ocasiones como imputada por apreciarse indicios racionales de criminalidad en su actuación, la señora Soto difama a quien la acusa de prevaricar; descalifica los procesos judiciales cuya finalidad no es otra que esclarecer, hasta sus últimas consecuencias, hechos de extraordinaria gravedad.

Lejos de asumir su responsabilidad, que intenta siempre hacer recaer sobre espaldas ajenas, se permite acusar a quienes la precedieron en el cargo por actuaciones groseramente ilegales que solo a ella son imputables, como la concesión, pasando por encima del informe desfavorable del ingeniero municipal, de una licencia de apertura para la Residencia Universitaria, cuya carencia de toda obra de urbanización incumple las más elementales medidas de seguridad y accesibilidad, como ya han declarado sentencias firmes de los tribunales.

No defiende el interés general quien concede licencias a sabiendas de su ilegalidad, quien abona 360.000 euros de las arcas públicas para indemnizar una reducción de luminosidad de una vivienda, quien gasta 200.000 en facturas de un mismo arquitecto, más de 150.000 en honorarios de un mismo abogado externo, o quien adjudica obras sin publicidad en suelo municipal por la quinta parte de su valor. El poder, como la demagogia del que lo ejerce, tiene límites,. Quien los rebasa no ha de quedar impune.

* Abogado de "Casas Orense", la promotora que ejerce acusación en tres de las causas penales contra la edil Áurea Soto

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