Puede ser una banalidad, efectivamente, aquello que se puede extraer de la sentencia dada a conocer el miércoles por el juez Pía Iglesias, no en vano tales decisiones siempre están abiertas a demasiadas interpretaciones cuando, en verdad, no se concretan aspectos como quién es el culpable de cuantos acontecimientos se produjeron en los seis días que mediaron entre la fantasmagórica aparición en aguas gallegas del viejo petrolero Prestige y el hundimiento de éste tras partirse en dos.
Puede ser, sí; pero también puede ser que el magistrado haya interpretado que de lo actuado a lo largo de casi nueve meses de juicio no se extraiga una confirmación sobre quién o quienes han de ser realmente penados por su intervención en aquellos hechos.
Recordemos, por ejemplo, como testigos e imputados han alejado de sí el cáliz de los sufrimientos personales. Nadie actuó motu proprio, salvo el entonces director general de la Marina Mercante, José Luis López-Sors, quien se arrogó, desdiciéndose por escrito más tarde, la responsabilidad de las decisiones adoptadas en relación al Prestige y su viaje ahora, tras la sentencia, no tan errático como todos habíamos considerado desde un principio (parece que el juez Pía tiene una idea distinta y solo él sabe adonde se dirigía el petrolero que fue sembrando el mar de chapapote, ínfimo en su calidad de hidrocarburo transportado en el que, al parecer, iba a ser el último viaje del monocasco con bandera de Bahamas). Este navegar con rumbo a no se sabe donde permitió todo lo contrario de lo que el señor juez indica en la sentencia: contaminar la costa desde Galicia a Francia cuando, de haber sido conducido el buque a un lugar de refugio (sí, la ría de Corcubión, señor juez) tal contaminación no se hubiera producido y, probablemente, apenas tendría efectos tan perniciosos para esta ría como los que sobrevinieron por el ir y venir del buque abriendo el abanico de los despropósitos.
Vana banalidad la sentencia exculpatoria porque casos como el del Prestige se pueden repetir y lo que ahora es considerado, a la espera de lo que el Supremo u otra instancia judicial superior a la Audiencia de A Coruña pueda determinar al analizar los recursos a la sentencia citada que ya se han anunciado por algunas de las partes personados en el caso, una consecuencia del sistema judicial español, puede abrir las puertas a cualquier desaprensivo que pase por aquí (por nuestras aguas) y en una circunstancia de peligro similar a la vivida por el Prestige, actuar del mismo modo que Mangouras, para que otro director general de la Marina Mercante, el de turno, repita la experiencia de López-Sors.
Al fin y al cabo este tipo de intervenciones no van a causar mayores problemas a los posibles imputados que la falta de atención económica por los desplazamientos hasta A Coruña para asistir a un juicio en el que lo de menos es quien dio las órdenes precisas para actuar como se hizo. Porque a uno, particularmente, se le hace sumamente difícil que un mando de segunda o tercera fila del Ministerio de Fomento tome una decisión como la adoptada con el Prestige si antes no ha recibido órdenes muy concretas de alguien que está muy encima en el escalafón, llámese Álvarez Cascos o Aznar, con sus cohortes de bien pagados y bien planchados que un día vieron las playas "esplenderosas" de una Galicia que se bañaba en un chapapote que los marineros también recogían con las manos, mientras desde tierra, miles de voluntarios que nada tenían que ver ni con la mar ni con esta comunidad autónoma y que llegaron con el ánimo de colaborar, ponían en riesgo sus vidas sin saber exactamente a qué se enfrentaban.
Puede ser un fallo del sistema. O la escasa información facilitada por unos y otros (como echó en falta el arriba firmante al abogado Atticus Finch, de la novela y película Matar un ruiseñor) a lo largo del juicio, que supuestamente no permitió al juez ver más allá de los árboles de la primera línea del bosque lo que había tras ellos. Por eso, aunque suene raro, me permito la libertad de hablar de una vana banalidad lo hasta ahora conocido como resolución inicial del caso Prestige.
Ojalá se equivoquen los profesionales de la mar cuando, como en el caso de los titulados náutico-pesqueros, apuntan a que esta sentencia es un salvoconducto para las flotas piratas. Ni más, ni menos.
