En varias ocasiones, y en diversos medios, he escrito acerca de la casuística y de la realidad aeroportuaria gallega; en alguna de ellas, el Colegio de Economistas de A Coruña con su actual decano-presidente al frente, así me lo ha reconocido.

Resulta más que obvio que el tema aeroportuario es de candente actualidad desde hace varios meses. Lo que resulta ya más curioso es el momento en que se propicia y anima el debate de este tema tanto en la sociedad gallega como en el entramado empresarial e institucional de nuestra comunidad. El caso del comunicado sobre aeropuertos del Club Financiero de Santiago, con Roberto Pereira, también al frente, resulta un buen ejemplo de ello. Invito al lector interesado a una detenida lectura del referido comunicado.

En este contexto, Santiago nunca ha sido la capital económica de Galicia (basta una leve ojeada a los sucesivos informes Ardán), ni de radicación de empresas, industria, ni foco de generación de valor añadido; no conforma área metropolitana significativa y tiene, como ciudad, la entidad que las Directrices de Ordenación del Territorio le asignan, ni más ni menos. Santiago es una ciudad donde reside, aproximadamente, el 4% de la población gallega. Es el centro político (desde hace unas décadas) y el núcleo monástico-espiritual de Galicia (desde hace más de mil años), pero tampoco es la única protagonista de la historia de nuestra comunidad (amén de las cuatro capitales, Betanzos, Mondoñedo, Tui, Ferrol y Marín también han desempeñado su protagonismo de una u otra manera y en algún que otro momento.)

En el año 2002, mucho antes del establecimiento de compañías low cost en Galicia y de cualquier forma de subvención pública, el aeropuerto de Vigo movía, tan sólo, 460.000 pasajeros menos que el aeropuerto de Santiago. Hoy, años después de la consolidación del modelo low cost en Galicia gracias a la financiación pública de mamá autonomía, esa diferencia supera ampliamente el millón de pasajeros. Ese es el resultado de la intervención autonómica en el libre mercado. Y nótese y reitérese el término intervención.

A finales de este año expira el contrato publicitario que la Administración autonómica concertó con una conocida compañía low cost que opera, únicamente, en el aeropuerto de Santiago. Resulta curioso que, ahora, en el momento económico que a todos nos toca vivir, se trate de intervenir en el natural devenir del libre mercado y de la libre competencia. Pero lo que resulta aún más peregrino es que la presión se instrumentalice mediante la eclesiástica culpa hacia los dos mayores núcleos poblacionales y económicos de Galicia como muchos de todos sus males; la única alternativa, según el Club Financiero es aceptar replegarse en Santiago, y su aeropuerto, como verdadero eje vertebrador económico y social de nuestra comunidad. Una clara regresión, a mi entender, al centralista y mesetario modelo administrativo central.

Tal vez todo esto sea más serio que una simple disputa localista. La palmaria realidad territorial gallega es la que es. Pero si por defender la realidad anteriormente descrita, la verdad, de localista y aldeano desde Santiago se me culpa, al menos me gustaría serlo igual forma y en la misma medida que cualquier compostelano o que mis queridos y estimados hermanos vigueses.