tRIBUNA LIBRE

A ver por dónde salen los jueces valencianos

01.06.2013 | 00:00

En el mundo del Derecho nada es gris, blanco o negro. Existen cientos de matices, de gamas cromáticas para que cada juez o tribunal, sin salirse del marco, dibuje su peculiar cuadro.

La metáfora viene a cuento de la incógnita sobre la decisión de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJPV) de cara a la imputación de Francisco Camps y Rita Barberá por un supuesto trato de favor al yerno del Rey.

Lo lógico sería, si se puede usar en esta tesitura la palabra, que el Alto Tribunal valenciano, como mínimo, asumiera el caso, citara a los dos diputados autonómicos del Partido Popular, instruyera lo que estimara oportuno y, después, tomara una decisión. Archivo o juicio oral.

Más no todo es tan fácil. También existe la posibilidad de que los jueces valencianos estimen innecesarias esas pesquisas y devuelvan la pelota al tejado de José Castro.

El TSJPV ha sido bastante generoso con Camps, uno de los líderes del PP salpicados por la trama Gürtel, pero al menos lo ha investigado. Sin embargo, cada caso es un mundo.

Castro se ha visto forzado a evacuar la consulta ante el tribunal valenciano por pura coherencia procesal: Matas está imputado por una conducta idéntica a la atribuida a Camps y Barberá.

Si se examina la parte valenciana de la presunta trama Nóos se puede observar que allí se desviaron más fondos públicos que en Palma (casi 4 millones, frente a 2,3 millones). También en Valencia se vieron implicadas dos Administraciones públicas y en Balears solo intervino el Govern.

Pero el trozo mallorquín de esta historia es infinitamente más trascendente porque aquí seguirían los principales imputados: Iñaki Urdangarin y Diego Torres, así como la aspirante a encausada Cristina de Borbón.

Si el Tribunal Superior valenciano se queda el caso, Urdangarin y Torres tendrán que personarse allí.

Se daría así la paradoja de que el yerno del Rey puede acabar sentado en dos banquillos de acusados, con lo incómodos que son.

Si Valencia no imputa a los aforados o si, tras investigarlos, no ve delitos en ellos, la conexión levantina regresaría a Palma y solo habría un juicio, si el duque no pacta antes.

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