El desarrollo autonómico y la duplicidad administrativa entre el gobierno central y gallego provocó en los años 80 una necesidad urgente de edificios y locales que no tuvo una respuesta acertada en Pontevedra. Aquella estructura administrativa resultó bastante caótica y su consecuencia fue la diseminación del personal en chiringuitos por toda la ciudad. De un lado para otro, no había quien se aclarase a la hora de tramitar muchos asuntos.
Pasado un cuarto de siglo la situación actual es justamente la contraria. Ahora sobran tantos inmuebles que no sabemos que hacer con ellos porque tampoco hay dinero para rehabilitarlos y mantenerlos con otras actividades nuevas. El viejo caserón de la Delegación de Hacienda ha sido el último en sumarse a una lista de edificios en desuso, que no para de crecer. Hay para dar y tomar: desde la primera Sede de la Xunta hasta el destartalado Cuartel de la Guardia Civil, pasando por algunas oficinas claramente infrautilizadas. Mientras tanto el Ayuntamiento sigue de prestado en Michelena 30, sin que ni los unos ni los otros tengan el menor interés por formalizar su situación provisional.
La dificultad objetiva de encontrar una utilización adecuada y beneficiosa para todos estos inmuebles, constituye el gran reto que tienen por delante hoy las administraciones respectivas. A este respecto la formación de una comisión de estudio a plazo fijo para abordar el problema en su conjunto, no edificio a edificio, parece una salida bastante factible. Bienvenido sea cualquier uso nuevo, con tal de que su readaptación no requiera una alta inversión, ni choque con una burocracia insuperable.
El meollo de la cuestión está en saber si alguien con capacidad de convocatoria y mando en plaza, léase Xunta, Diputación o Ayuntamiento, o llámese Rueda, Louzán o Lores, tiene el arrojo y la sensatez de encarar una demanda tan clara como urgente. Su sentido último pasa por evitar un abandono irreparable e insuflar una nueva vida a estos edificios que languidecen, antes de que su situación no tenga remedio.
