Cuentan las crónicas de Bruselas que el próximo día 29 (veremos si se confirma) la Comisión Europea pretende someter a España "bajo vigilancia especial", para que aplique las reformas demandadas desde las autoridades comunitarias? si el país quiere disfrutar de mayor margen temporal para corregir el déficit. Y es que han visto que a Rajoy, Montoro & Cía les cuesta más impulsar un cambio en profundidad que a Mourinho ser simpático.

Si se concretara, Bruselas enviaría misiones regulares a Madrid para comprobar la ejecución de las medidas, a partir de un calendario fijado. ¿Y cuáles son? Pues desde asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones, hasta crear tasas medioambientales, pasando por la liberalización de los mercados de productos y servicios profesionales (arquitectos, abogados, etc.), sin olvidar una nueva revisión de la reforma laboral.

En este último punto, por ejemplo, se ha comprobado que el problema no afecta solo al Gobierno, sino al statu quo dominante en nuestro país durante los últimos 35 años. Ante la insinuación del comisario de Ocupación, Lászlo Andor, de promover un contrato laboral único que disminuyera la dualidad entre los que tienen un contrato indefinido y los temporales (mayoritariamente, jóvenes), Gobierno, patronal y sindicatos saltaron como un resorte: No. Al parecer, que haya 33 modalidades contractuales y un 27% de paro no son razones suficientes para ensayar otras soluciones.

Y es que cuando desde fuera (y desde hace tres años) se nos piden ajustes y reformas, aquí se traduce por "vamos a subir impuestos y reducir sueldos a los funcionarios". Eso sí, cambiar tinglados que perjudiquen "a los nuestros" o mejorar la competitividad de nuestra economía, ni hablar. Teniendo sol y cuando vuelva el ladrillo, ¡Que reformen ellos!