El meollo de la cuestión está en saber si Pontevedra va a ser la única ciudad de Galicia donde su corporación municipal no divulgue las declaraciones de bienes. Al fin y a la postre sus veinticinco componentes no son mejores, ni peores, ni diferentes que los demás ediles de las urbes gallegas en el ejercicio de sus cargos y responsabilidades.

De un tiempo a esta parte, cada cual ha cumplido a su manera, como buenamente ha sabido, podido o querido hacerlo, con este trámite sobrevenido de la política misma, a fin de lavar una imagen pública que gusta cada vez menos y que huele cada vez peor. Por supuesto que sin ánimo de generalizar; a los hechos, a los juzgados y a las condenas me remito.

Tras el paso a regañadientes dado por la Diputación, ya solo queda el Ayuntamiento para acabar con este asunto que llenaría una tesis doctoral. Tanto sus vicios como sus virtudes dan para eso y mucho más. Nada tiene de antídoto eficaz frente a la corrupción, pero todavía lo tiene menos ese registro de actividades y bienes de la actual Ley de Bases de Régimen Local, cuyo acceso está vetado a cualquier ciudadano.

La corporación municipal pontevedresa, con sus tres referentes de cabecera Lores, Louro y Moreira, dispone ahora mismo de tres opciones claras: 1ª Trasplantar un modelo como el pactado en la Diputación, que ha permitido hacer lo que ha querido cada grupo político. 2ª Imponer la peculiar fórmula de declaración jurada del BNG, que tiene su intríngulis y produce escalofrío. Y 3ª Seguir como si nada, haciendo oídos sordos y mirando para otro lado.

Sea lo que Mosquera prefiera, o lo Moreira sugiera, una de estas tres cosas tendrá de decidir cuanto antes la corporación municipal para librarse y librarnos de este asunto tan manido y que tanto incomoda.