Desde hace más de un decenio, el sector conservero gallego -que es por su importancia un verdadero motor económico y social de esta comunidad autónoma- viene dando pruebas de su disconformidad con la supresión de aranceles a la importación de productos conserveros de países terceros y, de modo muy especial, de los procedentes de Tailandia.

De poco han servido hasta ahora aquellas advertencias y, mucho se teme uno, de aquellas omisiones o el pretender mirar hacia otro lado cuando tantas veces se ha llamado la atención al respecto, vendrá otro varapalo para un sector que da empleo en Galicia a cerca de 9.000 mujeres.

Lo que no está claro es el por qué la UE otorga las ventajas que se conceden a Tailandia en detrimento de un país que, como España o Italia, por ejemplo, producen las mejores conservas de atún y con unas garantías sanitarias impuestas por la propia comunidad y que no siempre son tenidas en cuenta en otros países de origen.

Europa no se quiere enterar del daño que ocasiona y no puede alegar ignorancia porque, como queda señalado, ha sido el propio sector el que ha expuesto, blanco sobre negro, los problemas que se derivarían, por un lado, de la exención de aranceles y, por el otro, de la aplicación de prioridades cuando ni sanitaria ni económicamente puede la UE salir beneficiada por ese temido acuerdo.