Los paraísos fiscales desvían del control de los países de la UE un billón de euros cada año. Este fraude colosal no ha movido hasta ahora reacciones creíbles entre las autoridades comunitarias. Las inexistentes uniones fiscal y bancaria son una parte del problema, y la presión de los países beneficiarios del delito pone el resto. Las invocaciones periódicas a una política común para desactivar los tales paraísos no han sido más que eso, palabras que transparentan el miedo a castigar intereses capitalistas de circulación mundial. El secreto bancario, más hermético que el de confesión, carece de base moral y social. Es pura "omertá" entre los bancos opacos y los estados, democráticos o no, consentidores de lo que sus plutócratas o autócratas deciden. La reversión social de esos dineros es nula, cero absoluto a excepción de las rentas de custodia obtenidas por los territorios o estados que han logrado -nadie sabe con qué licencias- blindar refugios para evasores de alto copete. Desde el más pequeño paraíso insular hasta Suiza y la misma City londinense, esos estados o microestados financieramente soberanos en el seno de una soberanía nacional estragan a su antojo las economías legales, sobre todo aquellas que están en crisis. La impunidad es plena, y aún hay que soportar amenazas de acción judicial contra los que, excepcionalmente, revelan nombres detrás de las cuentas de número y rompen el secreto ultrasacramental.

Por fortuna, ni siquiera el acorazado más seguro se libra de una grieta y de la red que abre la primera. La "lista Falciani", entre lo más reciente, ha puesto en jaque a los bancos del fraude y esto, quiérase o no, es lo que saca los colores a los estados que hasta ahora han consentido. De ahí que en solo dos semanas intente la UE lavarse la cara, primero en el Ecofin del día 14 y finalmente en la cumbre de jefes de estado y de gobierno prevista para el 22 en Bruselas. A ver qué les deja hacer una agenda saturada de problemas. Van Rompuy califica este de "crucial", y ya se habla de empezar a meter mano a los bancos legales que hacen negocios en paraísos fiscales. Si perseveran, hasta son posibles otras medidas que ahoguen la evasión hasta disolverla. El cerco a las exportaciones, vitales para algunos países "paradisiacos", puede ser eficaz penalización de la insolidaridad de los dineros apátridas y de quienes los expatrian eludiendo al fisco.

Hay que imaginar la deducción de un billón de euros en países de alta fiscalidad, como son la mayoría de los comunitarios europeos, para calcular su efecto contra los déficits nacionales y los beneficios de su devolución social. Cataplasmas como las amnistías provocan partos de ratones en la montaña del dinero ilegal. Mano dura de una buena vez, y que nadie se atreva a repetir que los de la nómina o la pensión "hemos vivido" por encima de nuestras posibilidades.