La Audiencia declara en nombre de la Infanta

MATÍAS VALLÉS

08.05.2013 | 07:34

Su Alteza Real Doña Cristina de Borbón y Grecia, hija de Reyes, no declarará ante un juzgado como si se llamara María Pérez Pérez, hija de ciudadanos. La socia de Urdangarín en la trama Nóos no tiene nada que ver con la trama Nóos. Así lo ha decidido un marcador de dos jueces contra dos. Aquí también valen doble los goles marcados fuera de casa, en el estadio de La Zarzuela famoso por el miedo escénico que engendra.

El "caso Urdangarín" se sustenta sobre un fenomenal error de nomenclatura. Urdangarín no es el verdadero protagonista, ni el generoso Jaume Matas le hubiera dado un euro ajeno al balonmanista en atención a su nombre o fama. Ninguno de sus compañeros de club, de selección ni de equipo olímpico cosechó obsequios semejantes de las administraciones públicas. Solo se diferencia de ellos en que se casó con la hija del Rey, cuyo título era decisivo en la obtención de contratos. Se trata por tanto del "caso Cristina de Borbón", y ayer quedó clausurado porque sería excesivo descargar únicamente sobre plebeyos las culpas de los seres regios.

Otro error sustancial atribuye el "caso Cristina" a la obstinación judicial contra la Casa del Rey. Antes al contrario, La Zarzuela se zambulló en el escándalo al no haber interceptado, prohibido ni zanjado los turbios manejos del matrimonio Borbón/Urdangarín, unidos para siempre en el Registro Mercantil por la muy lucrativa y oscura sociedad limitada Aizoon.

La Audiencia de Palma, ejemplar hasta ahora a escala mundial en el combate contra la corrupción, fuerza la credulidad del lector al asumir la declaración en nombre de la Infanta, para evitarle el engorroso trance de poner voz a su participación en la trama que lleva su nombre. La lectura del auto transmite la impresión de que su "hasta aquí hemos llegado" coincide milimétricamente con el comunicado de La Zarzuela contra el juez Castro, cuando se notificó la imputación de la hija del Rey.

La Audiencia se ajusta a una interpretación teatral, con el mérito adicional de que no ha accedido al guión completo de la instrucción sobre la farsa Borbón/Urdangarín. En un ejercicio de ventriloquía, se asume la voz de la Infanta para absolver por partida doble. Cristina de Borbón también hubiera declarado que su presencia en el presuntamente delictivo Instituto Nóos "no supone ni entraña una verdadera y real presión psicológica hacia el funcionario" que le regaló los euros. Cristina de Borbón también hubiera declarado que su presencia en actos promocionales de la apestosa urdimbre correspondía a "mera figuración o acompañamiento". Los jueces lo dicen en su nombre. Curiosamente, el mismo Matas de antes declaró ante las cámaras de "Salvados" que el apellido Borbón había sido decisivo en la entrega de millones de euros públicos. Ergo, no es necesario que la Infanta declare como un ciudadano cualquiera.

En abierta contradicción con la lógica y con la opinión de quienes regalaron el dinero público, la Audiencia atribuye la cosecha a méritos indefinidos de Urdangarín, salvo que no tiene otro más allá de su apellido consorte Borbón. El melodramático auto dibuja el perfil zarzuelero clásico, de una mujer que ha caído en las garras de un mal hombre. No en las zarpas de Urdangarín, sino del juez Castro. Había que evitar una injusticia tan flagrante. Purgue el instructor su atrevimiento, porque sus colegas lo han arrojado a los pies de la caverna, que lo pisoteará sin compasión. Los jueces que persiguen a corruptos poderosos también sufren pena de banquillo. O peor, véase Garzón.

Sociológicamente, cabe alabar el gesto netamente republicano de suspender el Estado de Derecho a la hora de salvaguardar a una Infanta que ha "cobrado" -término de la defensa de Urdangarín- personalmente medio millón de euros de las arcas públicas sin contraprestación aparente, por no hablar de otro medio millón de euros privados que bien perdidos están. O que ha accedido a un palacete de nueve millones. Esta fortuna constituye "elementos o datos indirectos", según el auto. Como bien insultaba Clinton, "es la economía, estúpido". Los salaces correos de Diego Torres sobre las interioridades de la Familia Real no deben desviar de la pista del dinero.

Las decisiones excepcionales exigen votaciones excepcionales, y una decisión de este calibre jamás debió decidirse por dos jueces a uno en el seno de la Audiencia. El auto queda desmontado con una sola observación del magistrado disidente, Juan Jiménez. En efecto, "parecería lógico conocer el número de recursos contra citaciones para prestar declaración en calidad de imputado que ha formulado en los últimos años el Ministerio Público. Ello contribuiría a descartar que un recurso como el presente es insólito y facilitaría la comprensión de la referencia al principio de igualdad que se realiza". Se ha salvado el principio de desigualdad. Como diría el Rey, la justicia es igual para casi todos.

Por casualidad, el auto coincide milimétricamente con las órdenes emanadas desde La Zarzuela y auspiciadas por la fiscalía de Rajoy. Albricias para Ana Mato y para los perceptores de sobresueldos en las anotaciones de Bárcenas, empezando por el presidente del Gobierno. La Audiencia basa su exculpación en un sabroso argumento circular. Al principio de la instrucción no procedía imputar a la Infanta porque peligraba su reputación, como si no la hubiera perdido al ser socia de su marido. En la fase final de la instrucción, no procede imputarla porque "las posibilidades de ejercer el derecho de defensa ya no son factibles". Ni Lewis Carroll se hubiera atrevido a este "ilogismo" o silogismo ilógico. Y quede claro que se abren las carnes de cualquier alma sensible, al pensar en la Infanta desvalida ante un juez.

La falta de valentía de la Audiencia sobresale en la bravata de avizorar una hipotética imputación de la Infanta por delito fiscal. El auto recurre aquí a la legendaria muletilla "de momento", la ominosa expresión que el Supremo le endosó a la negativa de imputar a Matas por un asunto de corrupción. La gallardía póstuma no lava la responsabilidad ante la historia, y se vuelve contra sus autores como una admisión en toda regla de la vacilante absolución de la hija del Rey. De prosperar la investigación de infracción penal contra la Hacienda, se encontrarán nuevos argumentos sin peso para deslindar a Cristina de Borbón de María Pérez. Y, en todo caso, amenazar sobre hipótesis cuando se tiene un caso flagrante entre las manos equivale a decir que si un príncipe o infante cometiera un homicidio sería conveniente estudiar la hipótesis de la imputación. La necesidad de especificar lo obvio es una petición de exculpación no demandada.

Con tiempo para todo, la Audiencia aporta una sentencia comprimida del "caso Borbón/Urdangarín". A grandes autos, grandes remedios. Archiven la investigación entera, por favor. No hay necesidad de abofetear adicionalmente a los millones de ciudadanos que han cumplido escrupulosamente con citaciones judiciales diligenciadas con un par de líneas. O de proveedores citados policial y judicialmente en este asunto por facturas inferiores a cien euros. Después de debatir la imputación de la Infanta durante doscientos folios, la conclusión es que los poderosos ni siquiera habrán de declarar ante un tribunal. Son inviolables de facto, como el Rey. Aunque los jueces omiten en su escrito el título omnipresente en la defensa de Cristina de Borbón, ellos también la han proclamado S.A.R. Sin Apenas Relevancia. O Sálvese Aunque Repugne.

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