Leo una noticia sobre los esfuerzos que están desplegando grupos de presión en Estados Unidos para influir sobre los legisladores que deben tramitar una reforma legislativa que podría abrir las puertas a la legalización de 12 millones de inmigrantes en aquel país.
Son más de tres mil los profesionales del cabildeo empeñados en esa batalla, según un informe de la fundación Sunlight, un grupo basado en Washington y dedicado al estudio de la influencia del dinero en la vida política.
Esos cabilderos representan a 656 clientes interesados en temas relativos a la inmigración y que llevan gastados decenas de millones de dólares en los cinco últimos años para promover sus intereses.
Entre los clientes más importantes figuran varias empresas que gestionan cárceles privadas, todo un negocio en Estados Unidos, sobre todo gracias al fuerte aumento de la cifra de reclusos tras la entrada en vigor de una ley aprobada por el Gobierno de George W. Bush en 2005 y que afecta a las personas detenidas en el intento de cruzar la frontera de México con Estados Unidos.
Al amparo de esa ley se crearon prisiones destinadas a mantener entre rejas a quienes entran ilegalmente en el país, prisiones que están casi todas ellas bajo control privado.
Dos compañías llevan la voz cantante, Corrections Corporation of America y Geo Group, y los críticos de la privatización de las cárceles temen justamente que traten de influir sobre los legisladores cuando el próximo mes se debata la reforma.
Cuanta mayor es la población reclusa, mayores son los beneficios de esas compañías, cuyo éxito depende en buena medida del encarcelamiento masivo de inmigrantes ilegales. Por inhumano que pueda parecer el sistema, así funcionan las cosas en aquel país.
Aquí, de momento no llegamos a tanto. Pero vamos inexorablemente por ese camino de la mano de un Gobierno al que los ciudadanos no eligieron precisamente para destruir empleo público sino para dinamizar el privado.
Lo estamos viendo ya en Sanidad, donde nuestros gobernantes no parecen hacer caso a los profesionales del sector y mucho menos a los ciudadanos. Y lo vemos ahora con un anteproyecto de ley por el que se acabarían privatizando los registros civiles con el pretexto, una vez más, de la modernización del sistema.
Claro que, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, aquí no hacen falta cabilderos externos porque están dentro del Gobierno, incluso en su cúspide.
¿No es acaso quien ocupa la presidencia registrador de la propiedad? ¿No son también registradores de la propiedad o mercantiles algunos altos cargos o incluso familiares de algún ministro?
¿Es acaso descabellado ver en ellos los inspiradores de un proyecto que beneficiaría sobre todo a unos profesionales que han visto reducidos sus ingresos habituales con el derrumbe del sector inmobiliario? Cabildeos.
