La garantía del seguro de los depósitos bancarios debe de ser respetada siempre

Las diferencias entre los rescates bancarios aplicados por la Troika en Grecia, Irlanda, Portugal, España y Chipre parecen justificarse no sólo por diferencias en el tamaño de los países o en las causas de la insolvencia sino también por la falta de referencias claras a la hora de intervenir en crisis bancarias.

Sin embargo, en el periodo de 30 años que transcurre desde 1977 y hasta el inicio de la actual crisis financiera en 2007 ha habido 122 países en los ha quebrado alguna entidad bancaria sistémica (entidades de tamaño tan elevado que su quiebra podría arrastrar a otras entidades y originar un problema de insolvencia en todo el sistema financiero del país). Esta amplia experiencia ha permitido extraer lecciones o principios básicos de actuación que debieran respetarse en toda intervención bancaria, y que nuestras autoridades (las españolas en unas ocasiones y las europeas en otras, y de todo el espectro político) reiterada y sorprendentemente parecen ignorar. El rescate, todavía pendiente, al sistema bancario de Chipre podría ser un nuevo ejemplo de "lecciones no aprendidas".

Una primera lección es que la garantía del seguro de los depósitos bancarios debe ser respetada siempre para mantener su credibilidad. La imposición de un corralito y abrir la posibilidad de imponer pérdidas a los depósitos teóricamente garantizados de menos de 100.000 euros, además de vulnerar Directivas Europeas que garantizan la libertad del movimiento de capitales y la garantía de hasta 100.000 euros de los depósitos bancarios en una determinada entidad, reducen la credibilidad del sistema de seguro de depósitos en toda la zona euro.

Es bien conocido que la subsistencia de las entidades bancarias requiere la confianza de sus depositantes. Los bancos reciben depósitos por cuenta corriente que dedican a la concesión de créditos a medio y largo plazo. Si una mayoría de los depositantes pidiera sacar sus depósitos, los bancos no podrían hacerlos efectivos al estar invertidos en créditos a medio y largo plazo, incluso aunque los créditos estuvieran siendo pagados oportunamente por quienes los obtienen. Puesto que sólo existirían fondos para los primeros que acudieran a retirar sus depósitos, se generaría un efecto pánico en el que todos los depositantes se apresurarían a ser los primeros en retirar los fondos y se colapsaría el sistema con un corralito o la quiebra de entidades hasta entonces solventes.

Desde la crisis de 1929 en Estados Unidos se conoce que el sistema de seguro de depósitos es la forma de evitar pánicos bancarios. Por dicho motivo, los países han ido incorporándolo de forma explícita a medida que fueron experimentando crisis bancarias y el incremento de la cobertura a 100.000 euros a principios de la crisis actual fue fundamental para evitar la fuga de depósitos de los sistemas bancarios nacionales más cuestionados y su quiebra completa. La esencia del sistema de seguro de depósitos es su credibilidad o la confianza de los depositantes en la garantía que proporciona la cobertura. Si esa confianza no existe, los gobiernos tendrían una incapacidad material para evitar efectos de pánico bancario. Esta confianza es la que ha puesto en tela de juicio al admitir la posibilidad de pérdidas en los depósitos garantizados en Chipre y con ello se ha debilitado la confianza en el sistema de seguro de depósitos de toda la zona euro.

Una segunda lección es la necesidad de respetar la prioridad de los diferentes títulos a la hora de trasladar las pérdidas de las entidades bancarias. Las informaciones publicadas hasta el momento indican que esta regla podría violarse en el caso de Chipre al reconocerse pérdidas a los depositantes antes que a los accionistas o poseedores de deuda subordinada o participaciones preferentes. En caso de violarse esta prioridad se rompería uno de los fundamentos básicos del mercado de capitales al impedir que los ahorradores puedan valorar el riesgo de sus inversiones. Sin una adecuada valoración de riesgos es difícil establecer precios y que existan mercados. Los inversores pueden preguntarse: ¿para qué aceptar inversiones de baja rentabilidad que siendo inicialmente seguras terminan originado más pérdidas que inversiones inicialmente más arriesgadas? La consecuencia es un encarecimiento de la financiación bancaria, la restricción del crédito y la disminución de la actividad económica.

La Troika parece haber dejado a criterio de parlamento chipriota la decisión final sobre a quién trasladar los 5.800 millones de euros de pérdidas. Esta flexibilidad nacional debiera tener siempre como límite el mantenimiento de los principios básicos necesarios para preservar la unión monetaria y financiera. Sin embargo, el gobierno chipriota ha antepuesto su interés en preservar el atractivo como paraíso fiscal y financiero, no trasladando las pérdidas enteramente a los depósitos superiores a 100.000 euros, al de las consecuencias negativas antes comentadas que para el resto de la zona euro supone quebrantar el principio del seguro de depósitos. Además, ha reabierto la posibilidad de fractura del euro pues en caso de no aceptar pérdidas por 5.800 millones, la alternativa de Chipre es la salida del euro y la declaración de quiebra. La dificultades de la Unión Europea para gestionar la crisis de un país que representa el 0,2% del PIB de la zona euro sin poner en peligro la unidad de la propia zona euro también refleja la fragilidad de los mecanismos europeos de resolución de crisis. Se vuelve a evidenciar que una unión monetaria requiere también una unión bancaria, que el proyecto de supervisión bancaria única está más lejano en el tiempo de lo que oficialmente se anuncia, y nuevamente se constata que los países del norte se opondrán a que los mecanismos de cobertura se apliquen con retroactividad a las pérdidas generadas antes de implantar controles y supervisiones comunes.

Los sistemas bancarios más débiles son sin duda los afectados de forma más negativa por la pérdida de credibilidad del sistema de seguro de depósitos. Entre ellos, el sistema bancario español, donde las acciones de los bancos españoles han sido las que más valor han perdido en torno a los días de la crisis de Chipre. Y es que la situación de la banca española no está exenta de incógnitas: la revisión de las expectativas de crecimiento para 2013 por parte del propio gobierno supone confirmar la previsión de un aumento de las tasas de morosidad, los márgenes continuarán siendo reducidos durante años, la reducción de oficinas y de empleo está aún pendiente de finalizar, y el desenlace o pérdidas finales de las entidades que han recibido y están recibiendo ayudas públicas está lleno de incertidumbres pues también se han incumplido y se incumplen "lecciones aprendidas" de crisis pasadas.

Entre estas lecciones incumplidas figuran:

1) La conveniencia de aportar fondos a las entidades a través de capital público y no con obligaciones convertibles o "cocos" que requieran tipos de interés elevados, superiores al 8%, que exceden la rentabilidad que pueden obtener las entidades y que incluso son superiores a los intereses que se paga a inversores privados por títulos equivalentes; ¿de dónde sacarán las entidades fondos para pagar esos intereses tan elevados? ¿qué fondos quedarán disponibles para conceder créditos a empresas y familias?

2) La exigencia de responsabilidades a directivos y consejeros ha sido limitada.

3) No se han diseñado mecanismos de gobierno adecuados en los nuevos bancos participados por cajas de ahorros. La anterior influencia política que los gobiernos autonómicos ejercían sobre las cajas de ahorros ha sido sustituida en determinadas entidades por un mayor control de los equipos directivos al diluirse entre varios gobiernos autonómicos el control de los órganos de gobierno y ser aún reducido o nulo el control privado.

Reclamar una vuelta a los fundamentos y la recuperación de la "ortodoxia" para quienes debieran ser garantes de la misma es sólo una consecuencia de las deficiencias en el diseño de los mecanismos institucionales y de gobierno de la Unión Europea para tratar adecuadamente la crisis económica y financiera en la que estamos inmersos. Sin embargo, las reformas del gobierno europeo requieren un plazo largo de tiempo y las crisis bancarias deben abordarse con inmediatez. Por ello, es más importante que nunca no olvidar lo que debieran ser las "lecciones aprendidas" de las numerosas crisis bancarias habidas en el pasado más reciente.

*Catedrático de Economía Financiera