Tribuna del lector

En defensa de un derecho constitucional

José Álvarez Carpintero*

24.03.2013 | 11:05

Como presidente de la Asociación de Centros de Enseñanza Privada de Pontevedra (CECE Pontevedra), quisiera poner de manifiesto nuestro desacuerdo con la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que ha invalidado los conciertos a los centros de educación diferenciada.
Si se analiza la situación de estos colegios, se observa que están autorizados por la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia y, con anterioridad a la cesión de competencias a la comunidad autónoma, lo estaban por el Ministerio de Educación y Ciencia.
Todos ellos cumplen además los requisitos legales exigidos en materia de Educación y Trabajo, de las que responden ante las distintas administraciones, desde hace muchos años.
Cabe destacar que la educación diferenciada, que no es discriminatoria, está reconocida en toda Europa y suele conseguir buenos resultados. A esto se añade la particularidad de que el carácter propio de los centros, sus proyectos educativos y la decisión de las familias que los eligen para educar a sus hijos, les está reconocido en la Constitución Española.
A raíz de la sentencia del TSXG, la prensa ha recogido comentarios alejados de la realidad, injustos, con afán discriminatorio y que, a la postre, niegan el derecho de elección a las familias.
Por otro lado, si esos alumnos estuviesen en un centro no concertado el presupuesto económico que tendría que abonar la Administración sería muy superior al realmente abonado en régimen de concierto, con lo cual se obligaría a las familias a escolarizar en contra de su voluntad, algo claramente inconstitucional.
El verdadero problema son las leyes que rigen la Educación, que son afines a los partidos que sustentan los gobiernos de turno y que tratan de imponer su propia visión de la sociedad y de la vida a todos los ciudadanos. La confirmación la encontramos en las dos leyes que están de actualidad: la LOE acepta el concierto pero da preferencia a los centros en régimen de cooperativas y coeducación, mientras que la llamada ley Wert (Lomce) pone a estos centros en condiciones de igualdad?
En resumen: los centros docentes necesitamos leyes claras, consensuadas por todos los partidos del arco parlamentario, para poder ejercer nuestra actividad sin sobresaltos. Leyes que nos permitan estar centrados al máximo en la enseñanza, sin distraer nuestra atención en estos temas y otros similares.
Los constantes cambios legislativos crean inseguridad y nos hacen perder eficacia ante los grandes retos del momento: la eliminación del fracaso escolar, la escuela digital, el plurilingüismo y, en general, la mejora de adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas, que refuercen a nuestros alumnos para su continuidad en el sistema universitario o de cara a una mejor preparación para acceder al mercado laboral, de modo que podamos eliminar la lacra del paro.
* Presidente de CECE Pontevedra

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