Los abogados de turno de oficio

Colegio de Abogados de Pontevedra

14.03.2013 | 07:37

Los Abogados adscritos al turno de oficio y asistencia al detenido del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Pontevedra, en Asamblea Extraordinaria celebrada el lunes, 11 de Marzo de 2013, han acordado la adopción de varias medidas con la finalidad de que por parte de los poderes públicos, especialmente la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, se solucionen las importantes deficiencias que viene padeciendo el servicio del Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita.

Este colectivo de abogados ha comprobado que el plazo de dos meses solicitado a finales del año 2012 por la Consellería para resolver los problemas detectados, ha sido desatendido, no ha sido del todo cumplido, al no haber atendido sus justas reivindicaciones. Los Abogados tienen la constante impresión de que la Administración pública considera a la abogacía y a los Colegios de abogados como un obstáculo permanente y con unos intereses opuestos a aquélla, lo que supone un claro desconocimiento de la labor social de la Abogacía y de los Colegios profesionales, cuya naturaleza de corporaciones de derecho público se olvida permanentemente.

El detonante de la crispación de los Abogados del Turno de Oficio fue la entrada en vigor del el Decreto 138/2012, de 21 de junio, de la Xunta de Galicia, porque, pese a que el Abogado realiza imperiosamente su trabajo, dicha norma le impide justificarlo ante la Administración y cobrarlo hasta que ésta dicte una resolución expresa reconociendo el derecho del ciudadano a litigar gratuitamente, yendo en contra claramente de la Ley 1/1996, de Justicia Gratuita, ley que, por cierto, parece querer modificarse sin atender a las recomendaciones de la Abogacía española, que son también las del Colegio Provincial de Pontevedra.

Además, el retraso en la tramitación administrativa por parte de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita ha supuesto que no solo no se paguen las asistencias realizadas puntualmente, sino que la propia Consellería reclame a los Letrados adscritos al Turno de Oficio los pagos que se efectuaron en el pasado, y ello sin que la propia Administración haya realizado su trabajo, algo que resulta incomprensible y surrealista.

Y no se diga que es el dinero lo que mueve precisamente a los Abogados, porque ejemplos hay sobrados para desmentir esa recurrente afirmación, veladamente realizada desde determinados sectores. Los Abogados y el Colegio Provincial de Abogados de Pontevedra prestan, por ejemplo, servicios gratuitos en materia de intermediación hipotecaria (desahucios), Orientación Jurídica Penitenciaria, así como innumerables actuaciones y gastos que prestan y realizan para los beneficiarios de justicia gratuita.

A todo ello se une la propuesta de modificación de la Ley de Justicia Gratuita que se está elaborando por el Ministerio de Justicia, que no recoge la reivindicación básica de la abogacía: garantizar en todo caso el pago de las intervenciones del Abogado de Oficio, con independencia de que se le reconozca o no a posteriori el derecho a litigar gratuitamente por la Administración. Cualquiera que conozca los orígenes de la justicia gratuita comprendería, sin esfuerzo, esta básica reclamación de los Abogados de Oficio, máxime si se tiene en cuenta que la Administración puede siempre reclamar por vías privilegiadas el reintegro de esos gastos, en vez de reclamarlos a los abogados que ya han prestado el servicio por imperativo legal. Estamos hablando de servicios básicos, de un servicio público, del que 7 de cada 10 usuarios opinan, de acuerdo con el Observatorio de Justicia Gratuita, que la atención prestada por el abogado de oficio o de Justicia Gratuita es buena o muy buena.

La Junta General Extraordinaria acordó la adopción de las siguientes de medidas de presión en orden a lograr la solución de la problemática del Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita: 1.- Reasignación de los medios humanos y materiales del Colegio destinados a la tramitación de los expedientes de justicia gratuita.

2.- Reducción de la prestación del Servicio de Orientación Jurídica. Pasará a prestarse un único día a la semana, el miércoles, de 11 a 14 horas.

3.- Remisión diaria de expedientes a la Comisión Provincial de Justicia Gratuita.

4.-Reducción de letrados de guardia.

5.- Actuación a reglamento en la asistencia a detenidos y menores.

6.- Exigencia estricta en toda clase de diligencias de las formalidades legales.

7.- Asistencia exclusivamente a detenidos que no tengan designado previamente abogado.

Estas medidas se acuerdan con carácter indefinido y serán adoptadas por todos los colegiados adscritos al Turno de Oficio en este Colegio, a partir del día 1 de Abril del presente año, y hasta tanto la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza no proceda a:

A.-Dejar sin efecto las reclamaciones referidas a los asuntos del turno de oficio justificados en el 4º trimestre de 2011 y 1º y 2º trimestre del 2012.

B.-Modificar el Decreto 138/12 de la Xunta en el sentido de garantizar en todo caso la compensación económica de los Abogados que han prestado la asistencia en Turno de Oficio, sin perjuicio de las acciones que para el reintegro de la misma le corresponden a la Administración frente al usuario del servicio.

Asimismo, se acordó por unanimidad promover ante el Consello da Avogacía Galega y el CGAE la propuesta de inclusión en el Proyecto de Ley de Justicia Gratuita de la garantía en todo caso de la percepción de la compensación económica de los Abogados que han prestado la asistencia en Turno de Oficio, sin perjuicio de las acciones que para el reintegro de la misma le corresponden a la Administración frente al usuario del servicio. Todas estas medidas se adoptan con el carácter de indefinidas, sin descartar en el futuro la adopción de otras que se estimen oportunas, y en tanto en cuanto no se atiendan las reivindicaciones del colectivo dirigidas a la íntegra resolución de la problemática existente. De llevarse efectivamente a la práctica, podrían producirse importantes disfunciones en la Administración de Justicia, en la que, de forma importante, intervienen los Abogados. La solución está en manos de la propia Administración.

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