Según los datos aportados por la Agencia Tributaria esta misma semana, la recaudación por lucha contra el fraude en 2012 creció un 10,1% respecto a 2011. Son casi 1.200 millones más que en 2011. Las noticias positivas continúan: este incremento es proporcionalmente mayor en el caso de las grandes empresas y los patrimonios; y ha aumentado significativamente el control a profesionales y el trabajo a pie de calle, con la observación de signos externos de riqueza. Si queremos, podemos.
No obstante, resta por hacer. Todos los años se defraudan a hacienda decenas de miles de millones de euros. El caladero para pescar sigue siendo enorme en España. En verdad se aprecia mayor interés del gobierno por estas cuestiones: el cuadre de cuentas aprieta y la lucha contra el fraude es una forma justa y eficiente de hacerlo. Pero siguen faltando medios.
Los datos que aporta el profesor Jorge Onrubia en "La reforma de la administración tributaria: Mitos y reformas" (http://www.ieb.ub.edu/phocadownload/foro/paper_at%20_jorge%20onrubia_def.pdf) son elocuentes. España es el país de la UE-27 con menor número de personal dedicado a labores de administración tributaria, teniendo en cuenta su tamaño poblacional.
El dato es llamativo y uno se pregunta si puede existir algún problema de recogida de información que tenga que ver con la descentralización en España. No obstante, es cierto que la agencia tributaria estatal, salvo en las Comunidades forales, gestiona la práctica totalidad de los grandes impuestos que nutren a las autonomías, salvo sucesiones y donaciones y transmisiones patrimoniales, lo que reduce mucho el tamaño del sesgo potencial e invita a pensar que España seguiría cerrando la clasificación aunque se revisaran las cifras.
Mi propuesta es que el dinero recaudado por la malhadada amnistía fiscal se destinase a reforzar personal de hacienda.
*Catedrático de Economía Aplicada de la Universidade de Vigo @SantiagoLagoP
