Cifras, siempre cifras, donde debería haber personas. A los partidarios del crecimiento sobre todas las cosas parece hacérseles la boca agua cuando hablan del potencial que en ese sentido encierra el proyectado acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Las dos mayores economías del mundo con 800 millones de consumidores y una relación comercial bilateral que en el año 2011 representó 638.800 millones de dólares.

Los aranceles entre los dos bloques son ya extremadamente bajos -de menos de un 3 por ciento-, por lo que ahora se trata de reducir, cuando no eliminar las barreras no arancelarias. Ello permitiría, dicen, aumentar en un 17 por ciento el comercio bilateral en los próximos años y hasta en un 3,5 por ciento el PIB a ambos lados del Atlántico. Cifras y más cifras.

Donde dicen barreras no arancelarias, están hablando en realidad de regulaciones que protegen al consumidor europeo, de nuestros estándares sociales o medioambientales, mucho más rigurosos hasta el momento aquí que al otro lado del Atlántico.

Los consumidores estadounidenses son mucho más tolerantes con los alimentos transgénicos que los europeos, y muchas veces parece importarles solo que los productos presenten un aspecto impecable en los anaqueles de los supermercados.

La gran agroindustria norteamericana ha hecho una importante apuesta por la ingeniería genética, que permite, entre otras cosas, un mayor rendimiento de las cosechas, y está continuamente a la busca de nuevos mercados donde volcar sus excedentes. Para ello sirven sobre todo los acuerdos de libre comercio.

Un 88 por ciento del maíz norteamericano procede ya de semillas transgénicas, y en el caso de la soja o de la remolacha, el porcentaje es aún mayor. Quienes cabildean a favor de ese tipo de productos, y son empresas muy poderosas, entre ellas multinacionales como Monsanto, tratan de desmontar los argumentos de los que, a este lado del Atlántico, les oponen el principio de precaución y seguridad alimentaria.

El senador demócrata por Montana Max Baucus ha presentado una lista de lo que quiere ver eliminado en el acuerdo que se firme eventualmente con Bruselas.

En la lista aparecen, por ejemplo, las restricciones europeas a los cereales transgénicos, al empleo de hormonas de crecimiento en la alimentación de ganado vacuno y al de un aditivo alimenticio -la ractopamina- que aumenta la masa muscular de los cerdos y que está también prohibido en Europa.

Los ganaderos estadounidenses utilizan entre otros productos la hormona sintética rBST, de Monsanto, para incrementar la producción láctea, pero existen sospechas de que esa hormona podría tener efectos cancerígenos, además de causar mastitis o infección en las ubres de las vacas, que hay que tratar a su vez con antibióticos.

Los norteamericanos, que producen gracias a esos y otros métodos, más y más barato que los europeos, acusan a éstos de erigir barreras comerciales con pretextos seudocientíficos como el de precaución y seguridad alimentaria. Y los agricultores y ganaderos europeos denuncian a su vez las ventajas de sus competidores transatlánticos al no estar sometidos a las mismas restricciones sanitarias.

Pero no son sólo las barreras agrícolas o ganaderas las que trata de desmontar Washington, sino que su otro gran objetivo son los derechos de protección intelectual tanto en lo que se refiere a los productos cinematográficos como al software.

El Parlamento europeo echó ya abajo en julio pasado el tratado Acta (Anti-counterfeiting Trade Agreement: Acuerdo Comercial contra la Falsificación), que había dado lugar a una auténtica tormenta en la Red por parte de cibernautas que veían en ese acuerdo una amenaza para la libertad en Internet.

Los Verdes europeos, entre otros, acusan a las multinacionales del sector de Internet de valerse siempre de las negociaciones de libre comercio de su Gobierno para intentar "colar" sus exigencias, que equivalen a socavar la protección de datos en Europa.

Como vemos estos días, firmas como Google o Facebook ven en esa protección de la intimidad del consumidor una amenaza directa para sus intereses comerciales.

En las negociaciones del futuro acuerdo entre los dos bloques, el Parlamento europeo va a tener ocasión de poner a prueba una vez más el importante papel de fiscalización que le corresponde.

Urge en todo este asunto una transparencia mucha mayor a la que nos tienen acostumbrados la Comisión y los Gobiernos. La salud de los consumidores y el bienestar animal debe prevalecer sobre las cuentas de las multinacionales y los beneficios de sus accionistas.