Es gibt noch Richter in Berlin! Esa es la frase que pronunció el humilde molinero al que el Rey de Prusia Federico II, el Grande, mandó demoler su molino porque afeaba las vistas de su flamante palacio de Postdam. Habiendo recurrido el molinero a la justicia, los jueces fallaron en su favor y ordenaron la reconstrucción del molino y la indemnización a su propietario. Contra la creencia general de que se negaría a cumplir la sentencia, el rey la aceptó, no sin antes exclamar: "Veo, con alborozo, que todavía hay jueces en Berlín". Claro que, Federico II fue un gobernante preocupado por su pueblo, favorecedor de la agricultura, la industria y el comercio. Persona culta, fue amigo de muchos artistas e intelectuales como Voltaire y mantuvo correspondencia con otros filósofos de la Ilustración. Durante su largo reinado (1740-1786) se convirtió en exponente del despotismo ilustrado, introduciendo algunas reformas inspiradas en esta corriente. Impulsó la codificación del Derecho prusiano, según el principio de que la ley debía proteger a los más débiles. Publicó una obra en la que condenaba las enseñanzas de Maquiavelo y abogaba por una mayor exigencia moral para los gobernantes. Es decir, su cultura y sensibilidad explican el respeto a la autoridad de los jueces de su país cuando podía, perfectamente, haber ignorado su fallo dado el inmenso poder que atesoraba.

Me ha venido a la memoria esta famosa historia muy conocida (y celebrada) en la carrera judicial tras leer en otro medio de comunicación los resultados del barómetro de Metroscopia que analiza, entre otros datos muy interesantes, el prestigio que en nuestro país ha recuperado la Justicia. Una tendencia de signo bien distinto a la que experimenta la casta política, relegada a los dos últimos lugares de la clasificación de entre las instituciones mejor valoradas. Así, el último puesto lo ocupan los políticos, el penúltimo, los partidos políticos, el antepenúltimo, los bancos, y a estos los siguen el Parlamento, los obispos y el Gobierno del Estado. La variación en aprecio hacia los jueces ha subido en seis meses un 18%. Esto se explica, lógicamente, porque los ciudadanos, como el molinero de Postdam, descubren que su última esperanza frente a un gobierno, unos políticos y unos bancos que perciben con hostilidad y a los que responsabilizan de la brutal pérdida de bienestar y derechos que están sufriendo, reside en los jueces. El crítico papel de éstos frente a los desahucios buscando imaginativas soluciones y frente a ciertas medidas regresivas aplicadas por el actual gobierno les ha hecho merecedores del aprecio popular. Los ciudadanos saben que los jueces son los únicos que pueden tutelarlos, como Poder Judicial que son, frente a un Poder ejecutivo cuya única obsesión es una cifra de déficit público que cumplir (y que además no se cumplirá). La pérdida de derechos laborales y funcionariales, la congelación de las pensiones, la privatización de la sanidad, el copago, la pérdida de prestaciones farmacéuticas y asistenciales, la dificultad de acceso a la justicia con tasas prohibitivas y un sinfín de retrocesos en el Estado del bienestar nada parecen importar al gobierno frente a ese único objetivo. Pero sí parecen importar, en cambio, a los ciudadanos españoles situando a sus ejecutores en el vagón de cola de su estima, queriendo fiar a los jueces sus esperanzas de mejora.

Es curioso, pero hasta el propio Partido Socialista se ha echado en brazos de los togados. Así, Rubalcaba ha anunciado la constitución de un equipo de juristas de relumbrón para recurrir ante los Tribunales todas las acciones privatizadoras que ha puesto en marcha el Partido Popular sobre la sanidad pública, dejando en un segundo plano la acción política que todos esperaríamos de un partido político. ¿Tanta es su confianza en los jueces? Pues me alegro de saberlo y, aprovechando la confianza, sería conveniente que el Sr. Rubalcaba supiera (y también el Sr. Rajoy y el Sr. Gallardón) que los jueces andan "algo molestos" estos últimos meses por muchas razones que ya he expuesto en otro lugar. Pero, por resumirlo de algún modo, lo están sobre todo por la inminente pérdida de independencia que el Poder Judicial va a padecer tras las sucesivas leyes que este gobierno ha ido maquinando para reformar la Administración de Justicia. La siguiente ley será la que convierta al Consejo General del Poder Judicial poco menos que en una dependencia administrativa del Ministerio de Justicia y que va a hacer sentirse a los jueces de a pie muy vulnerables respecto del poder omnímodo del gobierno sin una instancia superior y fuerte que los ampare cuando estén investigando un "asunto delicado" para el poder. Parece ser que el PSOE vería con buenos ojos el proyecto del gobierno. Pues bien, ellos sabrán con quien pactan y lo que pactan (como también lo van a saber y valorar los ciudadanos en su momento). Yo solo me permito recordarles a unos y a otros que, pese a lo que en su día anunciara Alfonso Guerra ("Montesquieu ha muerto"), en realidad el autor de El espíritu de las leyes solo quedó gravemente herido. ¡Déjenle vivir para que siga habiendo jueces en Madrid! Millones de molineros están expectantes.