No hace ni un mes, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, aseguraba que el Gobierno defendería cualquier medida antes que la reducción de salarios de los empleados públicos, a la par que recordaba en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas "la pérdida del poder adquisitivo que acumulan los funcionarios durante la crisis". Los empleados públicos, argüía Beteta, éramos "garantía de independencia, motores del Estado y siempre habíamos estado ahí para responder a difíciles circunstancias cuando el país lo requería".
Los empleados públicos podíamos, por fin, respirar tranquilos. Sabíamos que la espada de Damocles se ceñía sobre nosotros: expresiones como redimensionamiento del sector público y reasignación de efectivos estaban encima de la mesa pero nuestro ya más que menguado salario parecía quedar a salvo.
Pero Beteta, al igual que con extraordinaria normalidad hace Rajoy, mentía. Bajo la excusa del rescate a la banca, esa banca que durante años se ha lucrado a cuenta de los españoles, el gobierno de España cede, una vez más, a la presión de Bruselas y del FMI, traiciona de nuevo a los empleados públicos, denigra nuestra condición de servidores públicos y, amparándose en una mayoría absoluta que muchos empleados públicos ayudaron a conseguir, sigue el ejemplo de su predecesor: recortarle el sueldo a los trabajadores más débiles, los empleados públicos.
En la época de bonanza, cuando una gran cantidad de nuestros dirigentes robaban sin pudor el dinero público –sí, robaban–; cuando la banca especulaba con el dinero de los ciudadanos para después dejar a muchos de ellos sin su más elemental derecho, el de la vivienda; cuando los lideres políticos cobraban (y aún cobran) dos, tres y hasta cuatro sueldos públicos€ en esa época nadie se acordaba del empleado público. En esa época nadie se acordaba de las miserias del policía que no llegaba a fin de mes, ni del bombero que hacía números para poder enviar a su hijo al colegio, ni del maestro lo educaba ni del médico que lo asistía, etc. Éramos los parias del Estado que teníamos la obligación del servir al pueblo y sacrificarnos por él al coste que fuese.
Rajoy, siguiendo el modelo impuesto en su día a Grecia, Irlanda y Portugal, basa la solución económica del Estado en el ahorro que supone a las arcas públicas los recortes en el sector público. Pero Portugal, Grecia e Irlanda, siguen inmersos en la crisis cuando no la han profundizado.
Los 2,7 millones de empleados públicos somos, hoy por hoy, el motor de la economía de nuestro país. Una economía que, lejos de repuntar con estas medidas, abocará al cierre de más empresas y, consecuentemente a nuevos despidos. Y la culpa, para el gobierno, será nuevamente de los empleados públicos.
Pero lo que el Gobierno no quiere reconocer, lo que el Sr. Rajoy le oculta a la sociedad, es que lo que ha lastrado las cuentas públicas durante los últimos años ha sido la duplicidad de las administraciones, el derroche en obras e infraestructuras (aeropuertos, autopistas, líneas de AVE infrautilizadas€), las insostenibles embajadas autonómicas en el exterior con los sueldos millonarios de quienes las ocupan, las televisiones autonómicas al servicio de los gobiernos, etc. etc. Todo ello, bajo el amparo de gobiernos de uno y otro color, fue lo que hundió a España en la miseria y la causa de que millones de ciudadanos se encuentren ahora al límite. Y todo ello sin que ningún gobernante rindiera cuentas ni asumiese su responsabilidad.
Pero llegó el momento. Ahora sí. CSI€F, sindicato mayoritario en el conjunto de las Administraciones Públicas va a defender, como lo viene haciendo desde hace más de 30 años, los derechos e intereses de todos los empleados públicos de este país.
Desde CSI€F reiteramos una vez más al Gobierno nuestra oferta de un gran pacto de Estado en las Administraciones Públicas y reiteramos nuestro ofrecimiento para luchar conjuntamente para salir de esta crisis, pero en modo alguno vamos a consentir que, de nuevo, seamos los empleados públicos los paganos de una crisis de la que no somos culpables pero sí víctimas.
Una vez ello, si el Gobierno rechaza nuestro ofrecimiento, le haremos saber cual es la fuerza y el valor del pueblo, porque los 2,7 millones de empleados públicos de este país, también somos el pueblo. Y entonces empezaremos a hablar de otra crisis, la crisis de este Gobierno.
*Presidente de CSIF Galicia
