¿Quién teme que se conozca la verdad, toda la verdad, de las cajas gallegas?

Se les prometió a los gallegos una caja de ahorros que jugaría en la champions league, y se han quedado sin caja. Se les exhortó a luchar denodadamente para evitar que la caja se convirtiese en banco, y ahora se les intentan vender que no importa, que el banco va a ser de todos ellos, de los gallegos, a pesar de que el dinero lo podrán, eso dicen, fondos de no se sabe aún donde y los países de UE ¡Como si por ahí afuera regalasen los euros! Se les cuenta que el banco va viento en popa, pero cada día que pasa descubren con estupor que el agujero crece y crece: empezaron faltando 1.200 millones, luego se necesitaron otros 2.400 millones, ahora se preparan a pedir entre 4.500 y 7.000 millones más... Unos 10.000 millones de euros en total, es decir, más de billón y medio de las antiguas pesetas. Y la cuenta aún no se ha cerrado oficialmente.

Por si todo eso fuese poco, 43.000 gallegos tienen atrapados en participaciones preferentes una parte de sus ahorros sin que nadie sepa decirles qué va a pasar con ellos. En muchos casos son los ahorros de toda una vida. Estamos, para la Xunta, ante un asunto que compete a Bruselas. Desde la UE responden que la responsabilidad es de las autoridades autonómicas y nacionales, que ellos no tienen nada que ver. El Gobierno central, tras ponerse de soslayo, busca ahora un pacto con la oposición para darles una salida.

La Xunta acaba de presentar una iniciativa parlamentaria para crear este mes de julio una comisión de investigación. La iniciativa, recibida con parabienes generales, vino a romper el discurso oficial que Feijóo sostenía hasta entonces, y que no era otro que el de que la comisión se habilitaría cuando la recapitalización de la entidad se hubiese acabado. De hecho así lo dice la proposición. Dadas las sospechas de la oposición de estar ante una mera argucia de la Xunta para lavar la cara, Pedro Puy, portavoz de economía del PP y hombre de la máxima confianza del Presidente, dio a entender que la comisión se crearía este mes porque antes de agosto se despejará la incógnita sobre el rescate de Novagalicia Banco.

El anuncio se produce mientras arrecian los tantanes sobre un adelanto al otoño de las elecciones autonómicas. Tanto arrecian, que incluso llegan ya desde Madrid. Y la gran patata caliente de los comicios será, crisis económica a parte, la pifia de la fusión de las cajas gallegas. Es el asunto más relevante de la legislatura y muy probablemente lo sea también, desde el punto de vista económico, no solo de este mandato, sino de la historia reciente de Galicia. Y precisamente por eso, por su enorme trascendencia, no admite componendas políticas ni enjuagues en función de electoralismos baratos, exige claridad y trasparencia máxima.

Las escandalosas liquidaciones percibidas por los ex altos cargos son uno de los asuntos a explicar minuciosamente a todos los gallegos. Pero las de todos, porque lo primero que sorprende es que aún hoy haya quien intente tapar y excusar a algunos de los que más se llevaron. Todas son moralmente impresentables en su cuantía, aunque sean legales. Si además son ilegales, peor aún. Y mucho más grave todavía, en caso de que tal cosa sea posible, si quien se las llevó dejó quebrada su entidad. Y una lo estaba.

Los gallegos tienen derecho a saber todo eso, pero no solo eso. Tienen también, y sobre todo, derecho a saber qué pasó y cómo estaban en realidad sus cajas de ahorro antes, durante y después de la fusión.

Hay que investigar lo que ocurrió antes de la fusión porque así conoceremos no solo cómo fue la gestión en una y otra caja, sino también quién engañó a quién en una fusión disparatada que, pase lo que pase con el banco, y ojalá ocurra lo mejor, ha supuesto un estrepitoso fracaso por el simple hecho de que no se ha salvado la caja y, además, la entidad resultante es a día de hoy un zombi que necesita para sobrevivir una ingente cantidad de dinero público, es decir, de todos nosotros. Una entidad (Caixanova) se opuso a la fusión por inviable, y el tiempo le ha dado la razón; otra (Caixa Galicia) la alentó y, en connivencia con el lobby que defiende los intereses de un reducido grupúsculo coruñés en detrimento de los del resto de Galicia, acabó imponiéndola.

Hay que investigar lo ocurrido durante la fusión porque alguien deberá explicar, por ejemplo, de dónde proceden esos casi 1.000 millones que ahora sabemos que faltaban en el ajuste contable realizado al unir ambas entidades. Porque alguien deberá igualmente dar a conocer de una vez el texto íntegro de la inefable auditoría que supuestamente garantizaba la viabilidad de la operación, o las actas del Banco de España en las que advertía de la quiebra de una de las cajas y su inminente intervención.

Y también hay que investigar y aclarar algunas de las cosas que han ocurrido después de la fusión. Por ejemplo en lo referente al "Caso Añón", pues, aunque heredado, lo resolvieron los nuevos gestores. Seguro que muchos de los afectados por las preferentes están ansiosos por saber cómo es posible que alguien no solo haya recuperado con creces todo lo invertido en su día en la corporación industrial de Caixa Galicia, pese a la brutal devaluación que sufrió, sino que incluso se haya convertido en el mayor accionista privado del banco. Todo ello sin contar con las plusvalías que recibió mientras la corporación daba dividendos. Mientras, ellos, los sufridores de las preferentes, siguen con sus ahorros atrapados. O lo relativo a la liquidación del ex director general adjunto a quien el fiscal más le reclama que devuelva, dado que tal finiquito se firmó desde el banco, no desde la caja. O, tan solo por poner un ejemplo más, respecto a por qué en su día estos nuevos responsables dijeron que todas las liquidaciones eran legales, cuando ahora la Fiscalía presenta una querella por ellas.

Los 60 millones de euros en que se cifran las liquidaciones de los exdirectivos son un escándalo, pero el agujero de Novagalicia Banco reconocido y por reconocer puede superar los 10.000 millones. Por más que haya quien se empeñe en ello, los árboles no deberían impedirnos ver el bosque.

Solo la verdad puede reconciliar a los gallegos con lo que fueron sus entidades financieras de toda la vida. Solo así los sufridos clientes y abnegados empleados podrán volver a trabajar en el clima de confianza con que siempre lo hicieron. Solo con la verdad, con toda la verdad, podremos los gallegos tener la certeza de que, efectivamente, se intenta levantar una entidad responsable, eficiente y solvente y no un chiringuito para cuatro amigos de mesa camilla.

Se equivocaría, y gravemente, la Xunta si atendiese a esas voces que ahora le aconsejan que mire para otro lado. Las mismas voces, qué casualidad, que le metieron en este embrollo, según confesión de parte puesta negro sobre blanco por ellas mismas. Ésas que, menuda paradoja, se desgañitan exigiendo que se aclare lo ocurrido en Bankia o cualquier escandalete de barrio al tiempo que intentan echar tierra sobre el mayor escarnio económico financiero de la Galicia contemporánea. Tan solo puede haber ya un escándalo mayor de los habidos: escamotear la verdad a los gallegos mareándoles con fechas y anuncios en función de conveniencias electoralistas o, peor aún, de intereses espurios que quieren mantenerse ocultos. Porque, estupefactos aún por lo ocurrido, lo que los gallegos comienzan a preguntarse ya es, precisamente, quién tiene miedo a que se conozca la verdad, toda la verdad, de lo ocurrido en las cajas de ahorro gallegas