Visto cómo está el patio financiero, y la confusión generada no ya solo por la falta de datos fiables sino por la ausencia de una explicación convincente, parece llegada la hora, por lo que a Galicia respecta, de replantear la exigencia de una comisión de investigación parlamentaria. Para aclarar el proceso que liquidó las dos cajas y dió paso a un banco que parece privado pero que a día de hoy en realidad no lo es.
(Esa confusión crece también por la falta de rigor de algunos políticos, sobre todo de la izquierda radical, que insiste en la creación de un "banco público". Ignoran, o lo simulan porque conviene a su mensaje, que de eso ya hay y no poco: NCG, como Catalunya Banc y ni se diga Bankia, lo son de facto desde que más de un noventa por cien de su capital responde a fondos del Estado a través del FROB. Punto.
A partir de ahí, por tanto, quizá sirviese mejor a los intereses generales un cambio de prédicas para reclamar, en vez de la aplicación de viejas teorías, una práctica de modernización legal que clarifique las cosas, sustituya el pacto €letal, como parece comprobable€ entre Zapatero y Rajoy para bancarizar las cajas y ponga orden de verdad en el sector. Separando en serio el grano de la paja y controlando la resultante como Dios manda.)
Dicho eso, parece razonable añadir €tras recordar otra vez que la Cámara no es un juzgado€ que se trata de que los ciudadanos, a través de sus representantes, conozcan los hechos. Primero por un ejercicio de responsabilidad democrática que robustece la salud del sistema y después para que, con los datos €la verdad es un concepto metafísico y por ello susceptible de más matices€ decidan finalmente qué hacer.
En esa línea es preciso eliminar de la investigación €política, como corresponde a una comisión ad hoc€ la intencionalidad partidista, bien sea para eximir de "culpa" a quienes pudieran tenerla o, por el contrario, para endosarla al que no corresponda. Algo muy posible y con el fin no de saber tanto qué pasó y por qué cuanto de obtener un posible lucro electoral en su momento, como ocurrió con el Prestige.
La tarea será compleja, va a requerir el análisis de conducta de todos los poderes €incluídos los fácticos€, coraje para determinar su influencia en el desarrollo del proceso y valor para concretar y exigir las responsabilidades pertinentes. Algo que no sucedió con el Prestige, cuya comisión de investigación se cerró, tras una hermosa batalla legal ganada por la entonces oposición, sin conclusiones porque al bipartito le convino así. Quiza por haber logrado su objetivo real: serlo.
¿O no?
