Los ciudadanos normales estamos hartos de lo que hacen algunos políticos, que tras su paso por el gobierno o por puestos de alta responsabilidad, donde pueden promulgar decretos o tomar decisiones que benefician a ciertas grandes empresas (como concederles contratos exclusivos o aplicarles beneficios), al salir del gobierno esos políticos son contratados por esas grandes empresas, cobrando unos sueldos de escándalo, lo que da a entender que la empresa está devolviendo sus favores al político.

Hace poco se ha divulgado que la ex vicepresidenta económica socialista, Elena Salgado, iba a ser fichada como asesora por la filial chilena de Endesa, contando para ello con el visto bueno de la oficina de Conflictos de Intereses del Ministerio. Como reacción y con mucha razón, el diputado nacionalista Francisco Jorquera ha hecho una propuesta en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso pidiendo que se endurezcan las incompatibilidades para incorporarse a una empresa privada tras el cese en la Administración Pública, y una regulación más exigente en los conflictos de intereses de miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración, por entender que la actual normativa permite situaciones éticamente discutibles, como la citada.

Álvaro Anchuelo, diputado de UPyD, votó a favor de la propuesta del BNG, destacando el escándalo social que suponen esos abusos. UPyD ya había pedido, en cuanto se supo lo de Elena Salgado, que dejara de cobrar su sueldo de exministra. La diputada de Izquierda Plural, Laia Ortiz, también apoyó la iniciativa de Jorquera. Pero los diputados de PP, PSOE y CiU rechazaron la propuesta, alegando que era demagógica y asegurando que la actual regulación de las incompatibilidades de los ex políticos es "más que suficiente".

Me alegro de poder felicitar al Bloque por su línea de lucha contra los privilegios y los abusos de los políticos. Sin embargo hace un mes UPyD llevó al Congreso una Proposición para limitar las pensiones y los privilegios de los ex presidentes del Gobierno, e impedir que pudieran compatibilizar sueldos públicos y privados (como hacen González y Aznar, que también son asesores a sueldo de las grandes empresas eléctricas). El número 2 de UPyD, Gorriarán, apeló a la "ética pública" para defender la iniciativa de su grupo: "Si al 99,9% de los ciudadanos se les prohibe compatibilizar pensiones públicas y retribuciones privadas, estamos hablando de un privilegio, y nosotros abogamos por el principio de igualdad ante la ley". Invocó también la "ejemplaridad" que se espera de quien ha ostentado responsabilidades tan altas como las de un jefe del Ejecutivo. La iniciativa no prosperó, aunque fue apoyada por la Izquierda Plural (EU) y por otros grupos minoritarios. Pero me resultó sorprendente la abstención del BNG. ¿Por qué?

En cualquier caso, la que ha liado Elena Salgado por no tener paciencia. Nos ha hecho recordar que Endesa mantiene como asesor a José Mª Aznar, ex presidente del PP, al que paga 200.000 al año. Felipe González es Consejero de Gas Natural Fenosa (126.500€/año). Pedro Solbes (ex ministro de economía del PSOE) es Consejero de Enel (la multinacional a la que él mismo permitió comprar el 92% de Endesa). La popular Carmen Becerril es presidente de Acciona Energía. El socialista Manuel Marín pasó en 4 meses de presidir el Congreso de los Diputados a ser presidente de la Fundación Iberdrola. El ex Ministro Luis Mª. Atienza es presidente de Red Eléctrica Española. El nacionalista vasco Josu Jon Imaz, 10 meses después de abandonar la política era presidente de Petronor. Y también salen en las listas de consejeros de las eléctricas Miguel Roca (de CiU), Luis de Guindos, Javier Solana, Miguel Boyer, Pío Cabanillas, Luis Carlos Croissier, Joan Majó, Narcís Serra, Jose Luis Olivas, Mª de los Angeles Amador, David Madí (hombre de confianza de Artur Mas),... Endesa, a pesar aumentar sus beneficios año tras año, está empeñada en subirnos a ciudadanos y a empresas las tarifas eléctricas, y en acabar con las energías alternativas para que no le hagan competencia. Y el gobierno del PP baja la cabeza y dice amén. Prueba de ello es que el ministro de Industria, José Manuel Soria, acaba de presentar un proyecto de ley que va a poner fin a los organismos autónomos que hasta ahora regulaban las actividades del sector energético y aseguraban la libre competencia. Me apuesto lo que quieran a que cuando sea ex ministro Soria tendrá un buen sueldo como asesor de la oligarquía que Endesa domina.

Espero que sepamos y queramos unir nuestras fuerzas para arreglar tanta perversión.

Coordinador UPyD Vigo