En España, durante el período 2007–2011 el aumento del gasto público, al igual que sucedió en buena parte de los países europeos, fue utilizado como un instrumento para paliar la crisis económica. La caída del consumo de las familias y de la inversión de las empresas, debido especialmente al alto nivel de desempleo alcanzado y a la reducción drástica del crédito, se trató de compensar con una mayor esfuerzo público, tanto por la vía del incremento del gasto corriente como el de inversión. Una parte de este aumento del gasto se debió al comportamiento de los denominados estabilizadores automáticos (por ejemplo, el programa de prestaciones por desempleo), pero también se produjo un aumento de gasto público discrecional (como el incremento de la obra pública o la ampliación de los programas de mantenimiento de renta).
Esta actuación es la esperable cuando el sector privado deja de generar riqueza y comienza un ciclo contractivo. Por lo tanto, es responsabilidad del sector público asumir un comportamiento contraciclico. Sin embargo, esta medida no debe durar mucho tiempo y el esfuerzo presupuestario debe ser debidamente medido, para no caer en un gasto excesivo, lo que supondría la generación de un elevado déficit público, hipotecando las cuentas públicas a medio y largo plazo. Esto es lo que ha pasado en España en los últimos cuatro años, puesto que se ha pasado de una situación de superávit en 2007 de casi un 2% del PIB a un déficit cercano al 8% a finales de 2011.
Ante esta realidad se podría pensar que la única solución posible es recortar el gasto público. El problema que surge al pretender hacerlo de forma drástica es que los ajustes presupuestarios agresivos pueden lesionar gravemente al funcionamiento de la economía. Una reducción de los presupuestos públicos va a traducirse en mayor o menor medida en una ralentización del consumo y la inversión, generando un círculo vicioso, del cual resulta complicado salir.
El objetivo fijado por el ejecutivo central para 2012 de que las cuentas públicas se cierren con un déficit del 4,4% no parece que se pueda alcanzar, puesto que esto implicaría realizar fuertes recortes. Por lo tanto, y al igual que se ha señalado que gastar en exceso es peligroso, recortar mucho en poco tiempo no resulta una política adecuada, especialmente en un momento donde el sector privado todavía no ha dado muestras de recuperación, sino todo lo contrario.
Seguro que un ejemplo permite ilustrar mejor esta argumentación. Supongamos un convoy formado con varias locomotoras. Una de las locomotoras (el sector público) tras llevar mucho tiempo tirando del convoy, comprueba que se está quedando sin combustible y decide drásticamente reducir su velocidad (ajuste presupuestario). En este escenario se espera que el resto de las locomotoras de este convoy (sector privado o demanda exterior) sigan tirando. El problema es que el motor de estas dos locomotoras sigue "gripado" y por lo tanto, son incapaces de reemplazar el trabajo que hasta el momento estaba realizando la locomotora pública.
Esta comparación nos permite indicar que si el sector público se somete a un fuerte adelgazamiento en sus presupuestos, lejos de alcanzar el objetivo de mejorar la situación económica, puede perjudicar el crecimiento económico, ya que este convoy al final acabará frenándose. Con esto no estamos diciendo que no haya que aligerar el presupuesto público, pero si que debe hacerse con sentido común.
La moderación en los ajustes parece ser también el planteamiento que se quiere transmitir desde la Comisión Europea, al recomendar evitar fuertes recortes. El comisario europeo para la Programación Financiera y Presupuesto ha señalado que va a resultar muy difícil para España reducir en un solo ejercicio económico el déficit público a la mitad, siendo aconsejable un ajuste más moderado, pero siempre teniendo como objetivo que a finales de 2013 se logre alcanzar el 3% de déficit. Las actuaciones de política fiscal son muy importantes, pero solamente con ellas no se crea empleo, que es el principal problema de nuestra economía. Lo mismo se puede decir de la reciente reforma laboral, puesto que la normativa permite establecer un nuevo marco para el establecimiento de las relaciones laborales, pero no tiene porque traducirse en la generación de nuevos empleos.
Ante el mal escenario que tenemos a corto plazo en Europa, y ante el temor de una nueva recesión, no resulta conveniente frenar en exceso la actividad pública. Cierto es que hay que pisar el freno, pero sin "pasarse de la frenada". Además, hay que completar esta actuación con otras medidas.
Precisamente por ello, hay que apostar de forma decidida, por los sectores que más empleo pueden generar, pero empleo de calidad, evitando caer en la trampa que nos supuso la dependencia económica del ladrillo: grave endeudamiento familiar, fuerte especulación, elevado stocks de viviendas sin ocupar, precios inasequibles para muchas familias y empleo de baja cualificación.
Hay que evitar reducir la inversión en I+D+i puesto que la experiencia europea nos demuestra que aquellos países que vienen apostando por este tipo de actuaciones, suelen mejorar sus niveles de crecimiento y empleo.
Hay que seguir defendiendo a la política educativa y formativa como una de las mejores medidas para salir de la crisis económica. Esto es bueno para el trabajador, para su empresa y para la economía en su conjunto.
No se debe reducir el gasto para aquellos colectivos más necesitados, especialmente los desempleados, mientras no encuentran un trabajo. Lo mismo se debe aplicar al resto de actuaciones que conforma el Estado de Bienestar. El 22% de la población española se encuentra por debajo del umbral de pobreza y en más de 600.000 hogares ya no entra ningún ingreso. Los ajustes presupuestarios deben tener en cuenta esta realidad.
Es necesario regular adecuadamente el mercado financiero. Esta es una de las asignaturas pendientes desde hace años y la experiencia más reciente nos dice que si dejamos que el propio mercado se autorregule, los resultados pueden ser nefastos. Sería necesario un mayor control por parte de las autoridades nacionales e internacionales para volver a evitar un nuevo colapso financiero y una dependencia enfermiza de la agencias de calificación.
Por lo tanto, ajustes presupuestarios sí, pero sin descuidar la inversión productiva y garantizando una mayor supervisión para evitar caer en los mismos errores que nos han llevado a esta crisis económica.
*Profesor Titular de Economía Aplicada
Universidad de Vigo
