Hartazgo y bochorno produce comprobar cómo después de casi 5 años de trámites la Cidade da Xustiza de Vigo y su área de influencia sigue empantanada en un pestilente mar de absurdos y estériles reproches entre la administración local y la autonómica. Dos gobiernos en la Xunta, de distinto color político, y dos alcaldes en la Plaza do Rei, también de partidos opuestos, contemplan ya el esperpento.
Bochornoso y esperpéntico, sí, porque mientras los políticos se tiran los trastos a la cabeza, miles de ciudadanos deben vérselas a diario con una administración de justicia que opera en instalaciones de extrema precariedad. La penosa situación en que se encuentran los viejos edificios de la calle Lalín la definió hace meses muy gráficamente el presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Francisco Javier Menéndez, cuando dijo que allí ya no cabe "ni un paragüero".
Para más inri, a esos mismos ciudadanos sufridores hoy les dicen que el motivo de la paralización del proyecto es que éste no se adapta a las normas del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) y, milagrosamente, mañana –es decir, años después-- resulta que sí se adapta al citado plan. De la misma manera que no salen de su estupor al comprobar que, como por arte de birlibirloque, la expropiación de los terrenos fluctúa entre 6 y 21 millones de euros al gusto del consumidor.
Tras años de dimes y diretes, por fin técnicos de la administración local y de la autonómica se han sentado esta semana a negociar una solución. No hay apenas avances, pero el mero hecho de que se hayan sentado a hablar ha sido recibido como un rayo de esperanza, como una oportunidad para que, de una vez por todas, impere la cordura y se encauce el conflicto.
Y por si alguien duda sobre la urgencia de conseguirlo, baste recordarle que en los dos viejos edificios judiciales se concentran 34 juzgados, dos secciones de la Audiencia, el Registro Civil, la Fiscalía, el Instituto de Medicina Legal, la Oficina de Notificaciones y Embargos, así como otros muchos servicios, entre ellos las sedes de los colegios de abogados y procuradores, la oficina de registro de demandas, las oficinas de atención a víctimas y ciudadanos o los archivos generales. En estas instalaciones trabajan casi 530 personas y a las mismas acuden a diario cientos de ciudadanos y profesionales. Solo en Vigo ejercen 1.316 abogados y más de 130 procuradores. El ritmo es frenético: hay jornadas de hasta 200 juicios diarios.
El problema no es de ahora. Las salas que se crearon en la ciudad en los últimos cuatro años obligaron a echar mano de soluciones imaginativas, por llamarlas de alguna manera, que supusieron el sacrificio de servicios como la biblioteca o la habilitación de nuevos juzgados en lugares inverosímiles. El Juzgado de lo Mercantil está ubicado en un ático que era una vivienda y el de Primera Instancia número 14 –el último en crearse–, en un semisótano sin apenas luz natural, donde estaban los antiguos calabozos. Su reducido espacio es la razón de que no tengan salas de vistas propias. Otro ejemplo de precariedad es la Junta Electoral. En las elecciones, las oficinas se improvisan en el pasillo de la sala donde se celebran las bodas civiles.
La escasez de espacios y de medios la sufren también en la Oficina de Notificaciones y Embargos, situación que provocó la intervención de la Inspección de Trabajo. En muchos juzgados, los pleitos se apilan en un pasillo. El Juzgado de lo Penal número 1 ha tenido incluso que usar un baño para guardar las pruebas incautadas en delitos. Y en los archivos generales, asentados en los sótanos, la situación no es mejor, desbordados con millones de expedientes.
Las memorias judiciales resultan contundentes a la hora de reflejar la frenética actividad en Vigo. El pasado año los tribunales ingresaron 90.371 causas. La sección sexta de la Audiencia Provincial llegó a ser la más colapsada de España y solo el envío de refuerzos la salvó temporalmente del "farolillo rojo". Los juzgados de lo Civil y Social registraron en 2010 6.297 asuntos, cifra superior a la de cualquier ciudad gallega. Y los tres juzgados de lo Penal padecen una asfixia similar. Son indicadores suficientemente reveladores de la magnitud del problema.
Parece que la solución que se baraja pasa por retocar el proyecto para abaratar también las expropiaciones, donde parece estar ahora la clave del conflicto. En el acuerdo inicial, la Xunta pagaba el proyecto y el Ayuntamiento debía aportar los terrenos. Pero resulta que, según el Concello, los terrenos (21 millones) valdrían más que la obra (15 millones). El Concello alega también que la Justicia es una competencia de la Xunta y que, además, el equipamiento no es solo para Vigo, sino para su área de influencia. La Xunta, por su parte, reclama que se cumpla la palabra dada.
De ser ciertas ambas cantidades, no parece lógico que el equipamiento le cueste más al Concello que a la Xunta, máxime cuando en las otras ciudades gallegas se han buscado fórmulas para que apenas requieran desembolso de las arcas municipales. Pero también lo es que el Concello de Vigo no puede cerrarse en banda, que está obligado a propiciar fórmulas de acuerdo. En la Galicia de la Ciudad de la Cultura (400 millones de euros) y de Langosteira (700 millones de euros, por ahora), las cantidades que se están barajando no pueden ser un obstáculo insalvable.
De ahí que convenga también reparar en el oportuno aldabonazo dado por abogados y procuradores sobre el riesgo de que, ante las modificaciones del proyecto original, se acabe apostando por una fórmula que sea pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, que al reducir la superficie en planta a 5.260 metros cuadrados, de los 20.400 que reservaba el PXOM, se opte por un parche del que haya que arrepentirse. Es cierto que se gana superficie en altura, pero bien está que se garantice la idoneidad del nuevo proyecto. Después de todo lo esperado, solo nos faltaba que la solución final sea una chapuza.
