Galicia ha recibido con estupor la valoración de NovacaixaGalicia fijada por el Banco de España: 181 millones de euros. Es decir, el órgano supervisor le admite un valor real que no llega al 12% de lo que la entidad resultante de la fusión de Caixanova y CaixaGalicia registra en sus libros. Consecuentemente, la caja apenas tendrá el 6,9% de NCG Banco, al que ha traspasado todo su negocio financiero. Es menos de la mitad del 15% al que se había comprometido el presidente Feijóo. El resto del capital del nuevo banco, o sea, un 93,1%, lo aportará el Estado a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), con lo que en la práctica la entidad queda nacionalizada a la espera de los inversores privados prometidos por José María Castellano o de cualquier otro dispuesto a poner dinero.

Que lo que se les prometió a los gallegos que iba a ser la quinta caja de ahorros más importante de España, con un potentísimo grupo industrial y unas expectativas de futuro envidiables, haya acabado diluyéndose casi hasta la nada en un banco cuyo dueño último aún desconocemos justifica más que de sobra el asombro de los gallegos ante este nuevo episodio de la truculenta historia que ha acabado con las cajas de ahorro de la comunidad. Entre otras razones porque, por increíble que parezca, a día de hoy nadie ha tenido aún la decencia de explicar quiénes y cómo han llevado a esta ruina al compendio de las entidades en las cuales los gallegos llevan depositando mayoritariamente sus ahorros desde hace siglo y medio.

Con ser mayúscula, la sorpresa de la valoración no ha sido, desgraciadamente, la única que nos ha deparado la semana. Se dijo a los gallegos que la recompra de las acciones del FROB se haría sin intereses, de cerrarla antes del 31 de diciembre, pero sí se pagarán intereses. En concreto un 12, 5% anual, como desveló públicamente el gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez, durante su comparecencia. Se les dijo también a los gallegos que se cambiarían los estatutos del banco para incluir una garantía de compromiso con la economía gallega y una especial sensibilidad social, y se incluyeron tales asertos, sí, pero no se sabe ya si en el preámbulo o en el título preliminar, con lo cual su supuesta obligatoriedad es una incógnita. En cualquier caso, es una mera declaración de intenciones que dependerá de la voluntad de los inversores, pues solo faltaría que las administraciones dijesen a los acciones qué deben hacer con su dinero.

La Xunta mantiene que, tal y como prometió, la caja llegará a alcanzar ese 15% de capital del banco o una cifra muy próxima. Mecanismos y tiempo hay para conseguirlo, es cierto, pero, tal y como evolucionan los acontecimientos, mejor dejar que el tiempo se encargue de aclararlo. Porque en lo que sí parece haber coincidencia es en que nos adentramos hacia una segunda reconversión del sector financiero que abocará a nuevas fusiones, así que vaya usted a saber cómo acabará todo esto.

Pero la fecha determinante de este lamentable penúltimo episodio de la saga de las cajas gallegas no fue la del pasado viernes, cuando el Banco de España hizo pública la valoración, sino el miércoles 14 de septiembre, día en que la Xunta autorizó la constitución del banco sin que se hubiese fijado, o al menos hecho público, el valor de la caja. Porque, desde ese mismo momento, los intereses del banco y de la caja ya no son unívocos, como es de sentido común.

Impelidos a encontrar dinero donde sea y de manera urgente, a los gestores de NCG Banco les interesa que éste tenga un precio bajo, pues así les resultará menos difícil captar capital. Uno de esos probables inversores lo plasmó con una lógica económica aplastante cuando declaró, a propósito de su posible entrada en NCG Banco, que se trataba de algo tan sencillo como comprar barato y vender caro. Y al Banco de España le interesa exactamente lo mismo porque así, consiguiendo inversores, se quita un muerto de encima, por decirlo coloquialmente, aunque ello implique regalar la caja. Bastante tenemos ya con la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), pensarán.

Pero a Novacaixa le interesaba lo contrario, una valoración alta. No por mero prurito, sino, fundamentalmente, para intentar apuntalar la futura fundación en que irremediablemente se convertirá la caja y evitar así que, cual trampantojo operístico, se desmorone el valiosísimo entramado que sostiene en toda Galicia su impagable obra social y cultural. Pero, una vez traspasado el negocio al banco, la caja ya no pintaba nada en la negociación. Por eso el día clave fue cuando la Xunta firmó la autorización.

Los números hablan por sí solos respecto a la importancia de la obra social y cultural, por cierto infinitamente mayor en Caixanova que en GaixaGalicia. Entre las dos, dejémoslo así, aseguran haber destinado en la última década 1.000 millones de euros a esa obra social y cultural, a razón de unos 100 millones al año, aproximadamente. Es decir, 16.000 millones de las antiguas pesetas al año. Pues bien, a partir de ahora la caja podrá destinar a tales fines la parte que le corresponda de los beneficios del banco en función de su participación en el mismo. Descartada la posibilidad de controlar el banco, ahí radicaba la importancia de una valoración alta.

Durante los próximos cinco años el FROB limita el reparto de beneficios al 30% de las ganancias, o sea, que la caja recibirá el 7% de ese 30%, en el supuesto de que el banco gane dinero. De ahí que, en previsión de que no habrá tal reparto, la caja haya habilitado un remanente de 96 millones para superar esa travesía del desierto. Pasado ese tiempo, y de acuerdo con el escenario de beneficios previstos para 2016, unos 500 millones de euros, la caja deberá arreglárselas con entre 5 y 15 millones al año para gestionar una obra a la cual ahora destina 100 millones. Quizá ayude a comprender la relevancia de la valoración reparar en que la Fundación Barrié cuenta con el 40% del Banco Pastor, participación que está valorada en 300 millones de euros.

Que el Bloque pida ahora una comisión parlamentaria de investigación para aclarar lo ocurrido, después de haberlo propiciado con su cándido apoyo a la fusión, no sabe uno si es para tomárselo a broma o para echarse a llorar; que el presidente Feijóo pretenda culpar en exclusiva de la desfeita al Gobierno central y al Banco de España después de haber impuesto una fusión disparatada por inviable, como le advirtió todo el mundo –incluida la dirección nacional de su partido– excepto el lobby coruñés, no es más que una nueva etapa de una carrera hacia adelante que seguimos sin saber a dónde nos conducirá; y que el Banco de España intente lavarse las manos sobre el descalabro del sistema financiero gallego culpando de ello a los gestores de las entidades, cuando él era el responsable de controlar tal gestión, ni siquiera alcanza la categoría de boutade.

Pues claro que los gestores son responsables, faltaría más, pero, para mayor escarnio, unos y otros les han permitido marcharse de rositas y a algunos incluso con la faltriquera bien pertrechada. Los políticos, en general, son culpables por partida doble. Porque intentaron mangonear la caja a su conveniencia hasta el último minuto y, además, porque algunos de ellos hasta ocuparon puestos de máxima responsabilidad en sus consejos de administración, con lo que, consecuentemente, son también corresponsables de su gestión. ¿O es que debemos olvidar que el ex presidente de la Diputación de A Coruña, Fernández Moreda, fue vicepresidente de CaixaGalicia hasta el momento mismo de la desaparición de ésta? Por poner solo un ejemplo, aunque, es cierto, suficientemente significativo.

Un castizo diría que entre todos la mataron y ella sola se murió. Pero no es cierto, no murió sola. Los gallegos tienen derecho a saber la verdad. Ocultarles lo ocurrido supone añadir la ignominia del engaño al pesar por la pérdida de las entidades a las cuales han confiado sus ahorros durante los últimos 150 años. Resulta sobremanera grotesco tratarles como convidados de piedra y, al tiempo, jalear que el gran valor, por no decir el único, de NCG Banco es, precisamente, la inquebrantable fidelidad de los gallegos, ésa que da a la entidad la gestión del 46,7% del ahorro de toda la comunidad.

Una mentira no se convierte en verdad por más veces que se repita ni más voceros con que se cuente para gritarla. A los gallegos se les dijo que la fusión garantizaba que Galicia seguiría teniendo cajas de ahorro, se encargó una auditoría para demostrarlo y se tachó de localista y egoísta a todo aquel que osó cuestionar tal planteamiento. Y nos hemos quedado sin caja. ¿Acaso no merecen una explicación? Lo que los gallegos se preguntan, por ejemplo, es cómo es posible que una entidad con 75.000 millones de activos, 3.000 millones de reservas, casi tres millones de impositores, 1.100 oficinas y 7.000 trabajadores valga solo 181 millones de euros. ¿Por qué no se dice alto y claro de una vez cual era la realidad de una y otra caja? ¿Qué intereses se defienden con tanta impostura?

Y, dicho esto, ojalá el banco salga bien. Lo deseamos de corazón y exhortamos desde aquí a los gallegos a que hagan cuanto esté en su mano para que se consolide como una entidad financiera solvente y eficiente que permita irrigar de crédito el tejido empresarial gallego y atender las necesidades de financiación de las familias. Hacemos votos para ello porque Galicia lo necesita y, además, porque ya no podemos aspirar a más. Salvo a conocer la verdad.