Los fiscales antidroga de toda España se han reunido en el pazo Mariñán, una hermosa propiedad pública que linda con la Ría de Betanzos, para sacar conclusiones sobre el asunto que ocupa su tiempo. Entre las que recoge la prensa, destacan estas dos: la revelación de que los narcotraficantes gallegos están trasladando sus actividades hacia Andalucía, y la sustitución de los primitivos contrabandistas por auténticos empresarios de la droga. La primera de ellas parece responder a una lógica comercial derivada de la mayor facilidad de ocultación que permite el tráfico de contenedores respecto de la utilización de barcos pesqueros o deportivos, sometidos a una mayor vigilancia en los últimos años Y la segunda, a una natural tendencia de cualquier actividad capitalista hacia la constitución de entidades empresariales a medida que aumenta el volumen de negocio y se requieren sofisticados métodos de gestión financiera. Desconozco (la prensa no da más detalles) cuales son las evidencias de ese desplazamiento de los narcotraficantes gallegos hacia Andalucía, pero imagino que no será difícil su localización por los agentes de la Policía Nacional teniendo en cuenta las inconfundibles diferencias de idioma y de acento entre los habitantes de una y otra comunidad. El auge del tráfico de drogas en Galicia ha traído muy mala fama a los habitantes del país y especialmente a los vecinos de las Rías Baixas, que se suponía era el escenario favorito de sus actividades. Basta leer en el titular de un periódico la noticia de que tres arousanos han sido detenidos para que inmediatamente se les asocie con el narcotráfico sin entrar a leer la letra pequeña. Incluso se dio el caso de que el presidente de un equipo gallego que alcanzó grandes éxitos deportivos fuese insultado en público como sospechoso de financiar los fichajes de famosos jugadores foráneos con cargo a dineros de oscura procedencia. Lo cierto es que, el tráfico de drogas ha sido (y todavía lo es) una triste realidad en Galicia y la clase política no ha hecho mucho por mejorarla. Más bien al contrario. Hace años, casi treinta, el expresidente de la Xunta, señor Fernández Albor, se metió imprudentemente en un lío al entrevistarse con unos contrabandistas en Portugal. Después, cada cierto tiempo, hubo rumores sobre estrechas relaciones entre políticos, contrabandistas y narcotraficantes. El caso más notable fue el del abogado Pablo Vioque, secretario de la Cámara de Comercio de Vilagarcía y compañero de mítines de Fraga que fue condenado por tráfico de drogas, blanqueo de dinero y conspiración para asesinar al fiscal antidroga Javier Zaragoza. Don Pablo debía de ser un hombre clave en varias tramas criminales porque cuando estaba cumpliendo condena fue excarcelado por "motivos humanitarios" a cambio de testificar contra un jefe de la mafia rusa en España. Aún hoy en día se duda si Vioque murió de la supuesta enfermedad que lo aquejaba porque no hay demasiadas evidencias sobre su óbito ni existe certificación médica del mismo. Y, más recientemente, el conocido narcotraficante Laureano Oubiña declaró en la revista "Vanity Fair" haber financiado a la Alianza Popular de Fraga y a la UCD gallega, junto con otros personajes dedicados entonces al contrabando de tabaco. Para aumentar la confusión el dirigente socialista Pachi Vázquez declaró hace unos días que el actual presidente de la Xunta, señor Nuñez Feijóo y el narcotráfico "están ahí", aunque se guardó mucho de establecer alguna clase de relación directa entre ellos. Es dudoso que llegue a saberse hasta donde llegó la penetración social, económica y política del narcotráfico en Galicia.
