Novacaixagalicia está a punto de cumplir apenas dos meses de vida y ya tenemos sobre la mesa la tantas veces anunciada segunda reconversión del sector financiero español. Si aquel parto resultó en Galicia tenso y doloroso, éste nuevo alumbramiento pinta igual de difícil. Desde luego será rápido, pues los gestores de la nueva caja gallega cuentan con tan solo seis meses para intentar que tenga un final feliz. Al menos ése es el plazo que en principio se les ha dado.
Entre las muchas dudas que presenta la nueva reconversión no figuran desde luego las intenciones del Gobierno y el Banco de España. Son diáfanas como el aire. Se trata, lisa y llanamente, de forzar a las cajas más débiles a operar bajo una licencia bancaria, tal y como van a hacer las que se han agrupado ya bajo un SIP, y, al tiempo, dar un empujoncito a todas aquellas que no lo necesitan imperiosamente para que se animen a emprender el mismo camino. En las últimas 72 horas otras dos cajas lo han hecho ya: la poderosa La Caixa, que traslada su negocio financiero al banco CaixaBank, y Unnim, resultante de la fusión de tres cajas catalanas. El balance es que en España ya solo quedan 10 cajas tal y como las conocimos hasta ahora, de las 45 que había hace un año.
El Gobierno y el Banco de España tendrán sin duda poderosas razones para forzar esta segunda revolución del sistema financiero, y de hecho son muchos los que comparten sus criterios. Pero la forma en que lo han planteado y las armas que han decidido utilizar para conseguirlo son, más que improvisadas, como ha denunciado la Xunta, sencillamente arteras. Les puede acompañar la razón, el tiempo lo dirá, pero los métodos tienen difícil justificación.
Empezando por la exigencia de que las cajas tengan un porcentaje de capital saneado mayor que el de los propios bancos. Es lo que técnicamente se llama "core capital", que, básicamente, consiste en el porcentaje de capital propio y reservas en relación con los activos ponderados de riesgo. A las cajas se les exigirá entre un 9% y un 10%, frente al 8% que deben tener los bancos. Son los ratios más altos de Europa, más incluso que los establecidos en Basilea III. Para muchas cajas es un objetivo materialmente inalcanzable. En el caso de Novacaixa la exigencia es aún más irritante por cuanto se produce después de que el Banco de España impulsase a la entidad gallega a destinar grandes cantidades de capital a provisiones, es decir, al colchón con que cubrir posibles impagos. En una palabra, el banco emisor y el Gobierno le han cambiado la hoja de ruta a la caja gallega apenas mes y medio después de autorizársela.
Es un asunto relevante, sin duda, pero no es el problema de fondo, por más que haya quien quiera aferrarse a él. La verdadera clave radica en calibrar de forma certera las posibilidades de las cajas para capitalizarse, o, lo que es lo mismo, para afrontar sus propios desajustes y, simultáneamente, insuflar liquidez al mercado para que empresas y familias puedan hacer frente a sus compromisos. Sin dinero en el mercado no habrá inversión; sin inversión no se crearán puestos de trabajo y sin reducir ese escalofriante 20% de paro que tiene España –15,7% Galicia, la tasa más alta desde 2000– la recuperación económica es pura quimera.
Un esquema sencillo de entender y valido para cualquier entidad, banco o caja, y territorio. Tanto da que hablemos de España como de Galicia. Lo dijimos en su día, al hilo del acalorado debate de la fusión, y lo repetimos ahora: la única manera de garantizar la galleguidad de la entidad financiera es consiguiendo que sea eficiente y solvente, capaz de irrigar su territorio del capital necesario para hacer posible una actividad económica pujante y de competir en un mercado globalizado y más exigente que nunca.
Y ése es en suma el problema, que las cajas solo pueden capitalizarse a través del ahorro de sus impositores o de créditos en los mercados internacionales, imposibles de conseguir hoy en día a intereses aceptables dadas las dudas existentes sobre la solvencia de España. ¿Cómo resolver el dilema? La mayoría de las cajas han optado por operar bajo una licencia bancaria porque les permitirá cotizar en bolsa y, consecuentemente, abrir otra vía para captar capital. Primero lo hicieron a través de los SIP, ahora lo están haciendo directamente. El Gobierno no impone esa solución. De hecho deja la puerta abierta para que la caja que quiera pueda seguir como tal. Eso sí, con tales exigencias que para algunas es un objetivo inalcanzable.
Resulta ridículo, en cualquier caso, ver en ello un ataque del Gobierno y el Banco de España a Galicia, como algunos pretenden. Si hasta la caja más saneada y poderosa de todas, La Caixa, emprende el camino de la cotización en Bolsa, cuando menos deberíamos pararnos a reflexionar sobre qué está pasando de verdad, en vez de prestar atención a necios eslóganes políticos de conveniencia. Porque si ver en lo que está ocurriendo un ataque a Galicia es absurdo, qué decir de esos planteamientos que pululan por nuestra tierra para que sean las empresas las que capitalicen a la caja. ¿Acaso no es poner el mundo al revés? ¿Acaso no son las entidades financieras las que deben capitalizar a las empresas? Las iniciativas para que diputaciones, ayuntamientos e incluso la propia Xunta sean las que acometan esa labor no merecen siquiera un comentario.
Los gestores de Novacaixa tienen seis meses por delante para conseguir resolver el intrincado sudoku de capitalizarse sin desnaturalizarse. Y la mejor forma de ayudarles es dejándoles trabajar y apoyándoles luego en la decisión que adopten. Los políticos y cuantos agentes sociales sueñan con disponer de una entidad financiera que poder mangonear harían bien en reparar adónde nos han conducido tantas ínfulas de injerencia.
Y no nos referimos solo al pasado remoto. Aquí se forzó una fusión que, además de implicar grandes riesgos, lastraba a la caja más pequeña y saneada, aunque, eso sí, a cambio permitía maquillar no se sabe aún bien qué de la más grande. Y, además, quienes apostaron por esa fórmula prometieron cosas que sabían irrealizables, es decir, que mintieron. ¿Qué ha ocurrido, por ejemplo, con esa venta de la red exterior de CaixaGalicia que se garantizó estaba hecha y que resultaba determinante para el éxito de la operación? Algunas cajas, incluso más pequeñas que Caixanova, han mejorado de forma sustancial su situación con la primera oleada de fusiones. ¿Qué hubiese sido capaz de hacer Caixanova si se la hubiese permitido elegir libremente su rumbo? Es verdad que agua pasada no mueve molino, pero también lo es que quien no aprende de la experiencia está condenado a repetir sus errores.
Cuestión aparte, y no menor, es la forma en que los dos partidos mayoritarios en España (PSOE y PP) han decidido acabar con las cajas de ahorro, unas instituciones con 175 años de historia a sus espaldas que han sido decisivas para la vertebración social de España. Porque aunque la dirección nacional de los populares dé hoy una de cal y mañana otra de arena, en su afán por tirar la piedra y esconder la mano, lo cierto es que comparte las líneas generales de la reforma que impulsan el Gobierno y el Banco de España. De hecho, su "número dos," Dolores de Cospedal, confesó públicamente la semana pasada que lo aconsejable sería que en España quedasen nada más que dos o tres cajas.
Y la pregunta de fondo que cabe hacerse es precisamente ésa: vale, las cajas tenían problemas, al menos algunas, pero ¿resulta indispensable matarlas para sanarlas? Las cajas no nacieron porque sí. Lo hicieron en el primer tercio del siglo XIX, hijas de los Montes de Piedad, para rescatar de la usura y dar una posibilidad de integración a unas clases desfavorecidas sin apenas esperanzas de progreso. Fueron un elemento de desarrollo y cohesión durante casi dos centurias. No sólo por el capital invertido en sus obras sociales (1.800 millones de euros en 2009), sino, y sobre todo, por su innegable vocación de atención a las pequeñas empresas, a los pequeños ahorradores, al señor y la señora de la libreta, al deporte minoritario que carece de otras posibilidad de ayuda, a la cultura local… Los casos concretos de Galicia, como la Escuela de Negocios de la antigua Caixanova o su centro de Formación Profesional, por citar sólo dos de ellos, están en la mente de todos. Al conjunto de esos valiosísimos intangibles se le ha dado en llamar acertadamente "dividendo social".
Deberíamos preguntarnos quién va a aportar ese dividendo social a partir de ahora en Galicia, si finalmente la caja deja de hacerlo. Pero, acto seguido, también deberíamos interesarnos por saber por qué algunas cajas se han abocado a sí mismas a la desaparición. Aunque las causas son múltiples, conviene resaltar que muchas de ellas se habían acabado convirtiendo en entidades esclavas de los caprichos políticos, con consejeros que en la mayoría de las ocasiones no obedecían en sus decisiones más que a las consignas de los gobierno que los habían promovido al cargo y con directivos que en muchos casos, por salvar la cabeza, se jugaron todo a la ruleta rusa del "boom inmobiliario".
Quizá por eso Zapatero y Rajoy están de acuerdo en acabar con las cajas, pues si no solo les quedaría la salida de reconocer que fueron sus partidos, durante años, los que asaltaron muchas de las cajas hasta quebrarlas. Y junto con los políticos, los gestores irresponsables, que también los ha habido. Y esas empresas, sociedades e incluso individuos que, incrustados en ellas cual sanguijuelas, se parapetan tras un hipotético bien común para sangrarlas cuanto puedan. Ése es el camino que no podemos volver a recorrer. Démosles un voto de confianza a los gestores de Novacaixa y apostemos todos por una caja gallega, sí, pero eficiente y capitalizada.
