En estos momentos, sindicatos y Gobierno están negociando los términos en que saldrá a finales de este mes la propuesta de ley que regulará el sistema de pensiones: la edad de jubilación, el tiempo mínimo de cotización, el cómputo para el cálculo de las mismas, etc. Yo creo que el tema de discusión, al menos lo que trasciende a la calle, está desenfocado, pues parece que todo se basa en si la jubilación será a los 65 años o a los 67 y este no es el problema.
Es cierto que la esperanza de vida ha aumentado en las últimas décadas en nuestro país y con ello los años de percepción de pensiones, no sucediendo lo mismo con la vida laboral ya que cada vez se accede más tarde al trabajo. Si esto sigue así, llegará el momento en que los cotizantes no cubran las necesidades de las prestaciones, que según los expertos analistas, se producirá en torno a 2030.
Esto no es dogma de fe, pues estudios realizados en los años 95–96 por expertos como José A. Herce, Simón S. Rivero y otros, para La Caixa, ya pronosticaban que en el año 2010 el déficit de la S.S. sería del –2,15% del PIB. Del mismo modo, el profesor Barea y otros vaticinaban para 2005 un déficit de la S.S de –1,60% sobre el PIB. No dieron ni una. La S.S. ha registrado un superávit del +0,67% del PIB en 2005, del +1,25% en 2007, del 1,31% en 2008 y del +0,80% en 2009.
Asimismo, la ratio que nos garantiza el mantenimiento del sistema, que es la relación cotizantes/pensionistas, ha pasado de 2,25 en enero del año 2000, a 2,57 en enero de 2010 en constante incremento año tras año.
No obstante, si de lo que se trata es que las cotizaciones sean suficientes en cada momento para cubrir las prestaciones, lo importante no es la edad de jubilación sino el tiempo de cotización. La edad de jubilación no es más que una de las variables que influyen y quizás no sea la principal.
En efecto, lo mismo podría lograrse incrementando la base de cotización, lo que no es recomendable desde el punto de vista social ni económico, incrementando el número de cotizantes, variable que no es fácil de controlar o reduciendo las prestaciones. Esto último podría lograrse aumentando los años de cotización necesarios para tener derecho a la percepción o los años de cómputo para el cálculo de la pensión.
En resumen, básicamente las variables más determinantes son: el tiempo de cotización, la base de cotización y el importe de las prestaciones, por lo que podría conseguirse el objetivo incrementando las primeras o disminuyendo la última o ambas cosas.
La justificación de conseguir que la edad real de jubilación sea de 65 años en lugar de los 62,7 actuales (por cierto, superior a la de Francia o Alemania) se puede conseguir no permitiendo excepciones como las prejubilaciones, los ERE, etc.
Así pues, la solución no son los 67 años, sino fijar un número mínimo de años de cotización (por ejemplo 25 años) para tener derecho a la pensión mínima y no los 15 años actuales, y a partir de ahí, fijar una escala progresiva hasta los 38 años de cotización que darían derecho al 100% de la pensión correspondiente. Esto ya existe en otros países de nuestro entorno y así dejaría de tener sentido fijar la edad en 67 años, que además sería injusta e incluso peligrosa para ciertas profesiones.
Al mismo tiempo se puede ampliar el período de cómputo para el cálculo de la prestación a percibir hasta los 20 o 25 años, con lo que se rebajaría dicho importe.
Por eso, no veo la necesidad de una defensa numantina de los 67 años por parte del gobierno ni de los 65 por parte de los sindicatos.
