Pues la verdad es que, se mire como se mire, poco podrá hacer la Xunta para enderezar las finanzas municipales si no acierta en el diagnóstico y se limita a una política de parches. Que puede que impidan la muerte del enfermo, pero que no hacen más que prolongar su agonía con el agravante de que no se aprovecha la prórroga para intentar otras cosas. Cierto que, en eso, los Concellos son más culpables que nadie de sus propias desgracias, pero eso sirve de escaso consuelo.
Ahora, y tras la amenaza de quiebra generalizada, el Gobierno gallego anuncia la posibilidad de anticipar en bloque las ayudas, acortando plazos y aligerando trámites, pero lo condiciona a la aceptación de controles y a una supervisión continuada. Lo que, por cierto, da una idea de cómo están las cosas cuando para hacer algo que va de suyo –o sea, con seriedad y con eficacia– hay que endosarle requisitos previos que no son sino el cumplimiento, y no demasiado estricto de normas vigentes.
Se le llama parches –que aún así los municipios necesitan, eso no se discute– a lo que hace la Xunta porque, como quedó dicho. no atacan el problema principal, que consiste en que más de la mitad de los ayuntamientos gallegos sobran. No tienen apenas población y por tanto carecen de capacidad recaudatoria y de prestación de servicios, y solo sobreviven con la respiración asistida que en forma de fondos ajenos reciben año tras año desde los gobiernos central o autonómico.
(Podrían añadirse las diputaciones como emisoras de aportaciones económicas sobre todo para pequeños y medianos municipios. Y en teoría así es, pero ocurre que en la práctica las corporaciones provinciales juegan con parámetros más de conveniencia partidaria que de interés general y no siempre hacen lo que deberían hacer. Una actitud que provoca otra diferencia entre concellos: aparte de los ricos y los pobres están los afines y los adversarios. Y pasa lo que pasa).
Así las cosas –las de ahora y las de un futuro previsible– parece evidente que si se quiere evitar el estallido financiero municipal hay que empezar por repartir los fondos, siempre escasos, entre un número más racional de necesitados. Y eso solo se podrá conseguir mediante la reducción tajante del número de ayuntamientos, junto con otros cambios en la organización territorial y administrativa, pero con aquella reducción como previa.
Lo que está por ver es si hay quien ose, porque aquí los políticos valientes no abundan.
¿Eh?
