Los entusiastas de la normalidad constitucional del estado de alarma deberían probar a hacer su trabajo con un señor armado y de uniforme mirándoles por encima del hombro. Aun admitiendo que la cuota de cobardía del autor supera a la media, este análisis sería diferente por mucho que el vigilante en cuestión no articulara palabra, no hiciera gestos equívocos ni se inmiscuyera de ninguna otra forma en la redacción del texto.

Con una pistola enfundada en las proximidades, este análisis propendería a considerar impecable el decreto del Gobierno y se pronunciaría a favor de su extensión a otros ámbitos, mi coronel. Mientras la propagación no se consolide, cabe reivindicar el estado civil de alarmado, con todos los respetos al armado. Los aviones son indiferentes al control de sus vaivenes por lo militar. Con su historia, España no puede permitirse la dilatación de ese preocupante mecanismo.

"El decreto de la alarma", lo llama Rajoy con su impecable prosa jurídica de registrador de la propiedad. El propio Zapatero reconoció ayer que la palabra es inquietante en sí misma. Si el estado de alarma no debe provocar algo muy parecido a la angustia, ¿por qué se llama así? La Constitución no prevé un intermedio "estado de intranquilidad", tampoco de desasosiego, y así se llega a la excepcionalidad que se pretende edulcorar en vez de argumentarla sin cabos sueltos.

Las medidas drásticas poseen el efecto retardado del precedente. A partir de hoy, será más fácil decretar un nuevo estado de alarma –¿qué tal la vacunación obligatoria contra una fantasmagórica gripe A?–. La tentación de apelar al arma de la alarma por parte del PP se verá acompañada por la exigencia del consenso, que la derecha ha prestado generosamente en el control aéreo.

El estado de alarma suscita más inseguridad de la que pretende atajar. El hecho de que nunca antes fuera decretado –y basta imaginar qué hubiera ocurrido si Aznar lo hubiera impuesto tras el 11-M–, no implica que el salvajismo de los controladores lo exigiera, sino que tampoco en esta ocasión se justifica la inevitable alteración de las pautas de convivencia que supone. Los cauces judiciales que recorren los afectados son suficientes, el viernes hubiera bastado con el protocolo coactivo previsto para el caso en que un ciudadano invade las pistas de un aeropuerto, impidiendo la "libre circulación".

Con el Estado en alarma, la dictadura de la actualidad consiste en encontrar normal todo lo que ocurre. Si alguien hubiera anunciado el viernes por la mañana que España celebraría el día de la Constitución en estado de alarma hubiera sido tildado de loco. Un día después, sobran catedráticos favorables a la militarización de los aeropuertos.

(Para rebajar la tensión armada y alarmada habría que militarizar al Barça, por interrumpir la libre circulación del balón al no comparecer a los partidos en el horario programado. Ese comportamiento genera más incertidumbre y afectados que el colapso aeroportuario).