Los aeropuertos gallegos, rehenes de los vuelos de bajo coste

No es un problema exclusivo de Galicia. La compañía irlandesa que preside el mediático Michael O´Leary actúa así en todas las latitudes. Primero desembarca en una plaza, previa subvención garantizada de la administración de turno; despliega luego sus vuelos, anuncia más conexiones y, una vez que ha barrido a sus competidores en la terminal elegida, eleva sus exigencias bajo amenaza de marcharse, consciente de que con ello hunde el tráfico en el aeropuerto que previamente ha desestabilizado.

Eso es, justamente, lo que acaba de hacer en Galicia al poner en jaque el aeropuerto de Santiago después de minar los tráficos de sus competidores, Vigo y A Coruña, privados del dinero público con que la Xunta de Fraga, primero; del Bipartito, después, y con Feijóo también vigente el acuerdo, han primado a la terminal compostelana.

La práctica es tan perversa en términos de mercado, que las ayudas/subvenciones que las administraciones conceden a estas compañías aéreas deben ser encubiertas mediante ficticios convenios, generalmente de promoción turística. Por eso decimos que son mal llamadas de bajo coste, porque en realidad no bajan el coste, sino el precio, y eso lo hacen, fundamentalmente, gracias a las subvenciones. Conviene tenerlo presente porque a todos nos gusta que nuestro aeropuerto de referencia cuente con el mayor número posible de vuelos baratos, pero pocas veces reparamos en que esa diferencia en las tarifas la está pagando la administración de turno con un dinero que no ha caído del cielo, sino que ha salido de los impuestos que todos pagamos.

Y en el caso de Ryanair el dinero ha sido abundante, muy abundante. Entre 2005 y 2009 nada menos que 4 millones de euros recibió de la Xunta la firma irlandesa por operar desde Santiago. En proporción, los otros dos aeropuertos gallegos apenas recibieron ayudas. Debe tenerse presente, pero no para apelar a esos denostados y trasnochados localismos, sino para reparar en las consecuencias que tales decisiones acarrean.

En solo dos años, Peinador perdió 200.000 pasajeros a Madrid, tantos como ganó Lavacolla gracias a sus enlaces baratos, los de Ryanair fundamentalmente. En 2009, la mitad de los 2 millones de viajeros que volaron desde Santiago lo hicieron en vuelos subvencionados en su inmensa mayoría por el Ejecutivo gallego, mientras las ayudas en Vigo solo cubrieron dos líneas y beneficiaron a poco más de 100.000 pasajeros. Antes de amenazar con su retirada, la compañía irlandesa había anunciado, sin duda como anzuelo y reclamo ante sus nuevas exigencias, nuevas rutas con Barcelona, Valencia y Sevilla, líneas que también suponen una competencia desleal con los otros aeropuertos.

Las subvenciones no son intrínsecamente buenas ni malas. Ni en este ni en ningún otro sector. Depende de para qué se utilicen y el rendimiento que den. Puede que la Xunta deba poner no solo diez millones, como le exige Ryanair, sino incluso más. O quizá sean suficientes los tres millones que tiene presupuestados. Pero, sea la cantidad que sea, lo que no puede es seguir aportando dinero sin más ni más. En una palabra, cediendo al chantaje sin ni siquiera posibilidad de negociar. ¿Acaso es descabellado, por ejemplo, pretender que las subvenciones, de darlas, se concedan de acuerdo con una planificación que suponga un reparto equilibrado y equitativo entre los tres aeropuertos? ¿Es que la Xunta, pese a mantener las líneas, no tiene derecho a plantearle a Ryanair qué considera prioritario para Galicia y qué no?

El Gobierno gallego tiene razón, toda la razón, cuando dice que la decisión debe abordarse con una visión de conjunto y de forma coordinada, y, tal y como propone, el sitio adecuado es sin duda el Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas de los Aeropuertos de la red de Aena en Galicia, un organismo presidido por la Xunta del que forman parte Aena, los ayuntamientos con terminales, la patronal y las Cámaras de Comercio, y que fue creado, precisamente, para potenciar de manera coordinada los tres aeropuertos.

Es ahí donde hay que poner sobre la mesa los mercados, las expectativas de cada terminal, la evolución de tráficos y la línea estratégica de Aena, y fijar las propuestas individualizadas para cada aeropuerto, sin dejar al margen la batalla conjunta que las tres terminales deben plantar a Oporto so pena de ser barridas del mapa por el gigante luso. Esa será la única manera de sacar provecho a los 240 millones de euros que Fomento está invirtiendo en la modernización de las tres terminales gallegas.

En lo que no tiene razón la Xunta, ni nadie, es en escandalizarse ahora con los métodos de Ryanair, como si desconociesen los entresijos de los vuelos de bajo coste. De hecho, advertimos de ello en este mismo espacio editorial hace apenas un mes. Y también se equivoca si lo que intenta al señalar hacia el Comité de Rutas es, simplemente, escurrir el bulto, entre otras cosas porque ella, la Xunta, es la encargada de convocar dicho organismo, y aún no ha explicado porque ha tardado siete meses en abordar el problema, dado que Ryanair comunicó por carta su intención el pasado 25 de marzo.

Los gallegos no quieren quedarse sin líneas de bajo coste en sus aeropuertos, eso es evidente, pero seguro que tampoco quieren que se les tome el pelo o les estafen su dinero. Ni que en el reparto de las subvenciones se actúe de manera arbitraria o discriminatoria con éste o aquél aeropuerto. Concederlas de manera caprichosa, como hicieron las administraciones de Fraga y el Bipartito, y pretender luego que la evolución en el número de pasajeros, que viene determinada por las propias ayudas, sea el elemento de referencia para fijar la política aeroportuaria en Galicia es, sencillamente, inadmisible.

Estamos ante un problema de equidad y racionalidad, no de localismos. Que nadie se engañe. Lo dijimos hace un mes y lo repetimos ahora, Galicia no puede, bajo ningún concepto, ser rehén de las compañías de bajo coste ni perpetuar trato discriminatorio alguno en sus aeropuertos como consecuencia de un puro y simple chantaje.